La situación de los presos políticos en Cuba sigue como una tragedia horrosa en la historia de América Latina.
La organización de derechos humanos Prisoners Defenders (PD) actualizó la cifra en su más reciente informe del mes de junio de 2024.
La ONG denunció que la «represión» ha dejado 19 nuevos casos de «presos políticos» en Cuba durante mayo pasado.
De esta forma, el número total se elevaba a 1.113.
Prisoners Defenders indica en su documento de denuncia:
«Este mes se ha caracterizado por la represión contra manifestantes pacíficos, el operativo represivo a gran escala contra periodistas independientes».
Agregarn que se incrementan las torturas a presos con padecimientos psiquiátricos.
Informe más rcientes de Prisioners Defenders sobre Cuba
Los presos políticos en Cuba sin derechos básicos
También ponen el acento en la negación de beneficios carcelarios para presos políticos con derecho a ellos.
Esos beneficios serían:
La libertad condicional.
Suspensión del trabajo correccional.
Añaden que once fueron detenidos «arbitrariamente» por participar en las manifestaciones de la población de Juraguá, Cienfuegos.
Los eventos ocurrieron el pasado 28 de mayo.
Esas protestas, según PD, surgieron tras llevar esta localidad más de 14 horas sin servicio eléctrico en uno de los apagones casi diarios.
Se produjeron además con 27 días con desabastecimiento de agua.
Una humillación a los afectados
Prisoners Defenders hace una acotación imporante:
«Las autoridades les impusieron una fianza de 200.000 pesos cubanos, unos 530 dólares en el mercado de cambio real en Cuba»,
Explican que es una cifra inalcanzable para la mayoría de los cubanos, y están siendo procesados por los presuntos delitos de ‘desórdenes públicos’, ‘desacato’ o ‘atentado’.
Arremetida contra periodistas
Entre los detenidos se encuentra Erich González Lima, periodista, residente en la Ciudad Nuclear de Juraguá.
Además, con motivo del aniversario de la fundación de la República de Cuba, el 20 de mayo, «el régimen desplegó un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes por toda la isla: detenciones, interrogatorios, decomisos y amenazas».
PD cita los casos de varios periodistas, como Yosmaury Casares Soto y Raciel Álvarez Díaz, del medio Panorama Pinareño, «detenidos en San Juan y Martínez, Pinar del Río» el 9 de mayo; les fueron «confiscados» los equipos de trabajo.
El documento concluye que los venezolanos «continuaron enfrentándose a importantes desafíos para ejercer y disfrutar de sus derechos».
El reporte se centró en los más recientes acontecimientos relacionados con la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a un medio ambiente sano, el estado de derecho y el espacio cívico.
Los derechos humanos en Venezuela y sus distintas áreas
También evaluó el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes formuladas anteriormente por la OACNUDH al Estado venezolano.
En este sentido, el organismo indica de manera textual:
«Los desafíos económicos reportados como la alta inflación y la devaluación de la moneda venezolana, el bolívar, persistieron y continuaron restringiendo el poder adquisitivo, afectando desproporcionadamente a los grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad».
El documento destaca el estancamiento, desde marzo de 2022, del salario mínimo oficial, que a la fecha se sitúa en unos $ 3,61 mensuales de acuerdo a la tasa oficial.
Precaria remuneración
«Esto también reduce efectivamente las pensiones y contribuye al aumento de los niveles de pobreza y a la falta de acceso a productos esenciales«.
La OACNUDH recordó al Estado venezolano que «el criterio mínimo de remuneración incluye salarios justos que aseguren la garantía de una vida digna para los trabajadores y sus familias».
El espacio cívico-político en los derechos humanos en Venezuela
La OACNUDH expresó su preocupación por diversos incidentes ocurridos en el país, y que contribuyen a «inhibir el derecho a participar en los asuntos públicos«.
La institución pone énfasis en la detención de dirigentes y militantes de partidos de oposición en el marco del período pre-electoral.
Tamnién alerta sobre las denuncias de actos de persecución y hostigamiento luego del re-lanzamiento, a comienzos de año del Plan Furia Bolivariana.
El órfano recuerda en su documento la detención del defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona y la detención.
El caso Rocío San Miguel
La desaparición forzada de la también activista y defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel en febrero de 2024 llama especial atención:
«El ACNUDH expresó su preocupación por la desaparición forzada de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, cuyo paradero fue desconocido durante los cuatro días siguientes a su detención».
Agregan que, «según la información recibida, continúa detenida y aún no ha tenido acceso a una defensa legal de su elección».
La OACNUDH llamó al Estado venezolano a promover un espacio pluralista propicio para el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
A la vez, solicitó establecer garantías para la libertad de asociación, incluidos los sindicalistas y periodistas, y a liberar de manera plena e incondicional a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente.
, «incluyendo personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, asegurando garantías de no repetición», añaden.
Xi Jinping es presidente de la República Popular China desde el 15 de marzo de 2013.
También es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central desde el 15 de noviembre de 2012.
Mano férrea
Xi Jinping ha introducido medidas para reforzar la disciplina del partido comunista de su país, con total control sobre el mismo.
Además, ha promovido una política exterior más agresiva, en especial en relación con Estados Unidos, la disputa fronteriza chino-india y el estatus político de Taiwán.
Analistas apuntan a su deseo de expandir la influencia china en África y Euroasia con diversas iniciativas.
China en la mira del mundo
El régimen de Xi Jinping ha enfrentado diversas denuncias y críticas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.
Algunos de esos deplorables incidentes son:
Represión en Xinjiang: La ONU acusó a China de «graves violaciones de los derechos humanos» en la provincia de Xinjiang. El informe señala detenciones masivas, «evidencia creíble» de tortura y uso de vagas leyes de seguridad nacional para reprimir a minorías y establecer «sistemas de detención arbitraria» en la región.
Corrupción en el ejército: Xi Jinping ordenó una purga en el ejército chino debido a «violaciones graves de la disciplina y la ley» por parte de los dos últimos ministros de Defensa, Li Shangfu y Wei Fenghe.
Reclamos y protestas: Las protestas contra Xi Jinping* llevaron al régimen a reducir las restricciones de la política «COVID cero» en China.
Incremento de la represión y censura: El régimen chino ha intensificado la represión y la censura, utilizando su política de «tolerancia cero» contra el COVID-19 para fortalecer su autoridad.
La Coalición Nicaragua Lucha advirtió que la «normalización» del «Gobierno totalitario de Nicaragua» ante el mundo pone en riesgo la seguridad y la integración en el continente americano.
«Ninguna perspectiva de seguridad, ni de integración en las Américas podrá considerarse exitosa si en Nicaragua se continúa normalizando, ante el concierto internacional, la prevalencia de un Gobierno totalitario», alertan.
El organismo cuestiona la represión generalizada, criminalización y persecución con prisión política de Daniel Ortega.
Levantan la voz en la OEA
La Coalición divulgó ese pronunciamiento con motivo de la 54 Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebró en Paraguay..
La ONG está conformada por 23 organizaciones defensoras de derechos humanos, agremiaciones de periodistas independientes, grupos de víctimas, movimientos sociales y familias afectadas por la crisis que vive Nicaragua
Nicaragua es gobernada desde 2007 por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, y desde 2017 tiene como vicepresidenta a su mujer, Rosario Murillo.
Este país centroamericano abandonò la OEA en noviembre de 2023.
Exigen justicia y liberar a «presos políticos» en Nicaragua
Esa Coalición alegó que, aunque el Estado de Nicaragua no participe de manera formal en la OEA por su renuncia al organismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa conservando su competencia.
La CIDH podría conocer las violaciones a los derechos humanos, los cuales, destacó, «no son negociables».
«La lucha por la justicia para las víctimas de la represión, la demanda por la liberación inmediata de las personas presas políticas y la lucha por erradicar la impunidad continúa», agregó.
Ese grupo de organismos dijo que no descansará en continuar la «búsqueda de justicia por las víctimas mortales».
Anunciaron que estarán presentes «en cada espacio necesario para solicitar más compromiso en justicia internacional de todos los países de la región y el mundo».
Un reclamo para y por Nicaragua
«La demanda que no debe postergarse, y debe priorizarse, es la liberación inmediata de las 141 personas presas políticas», agregan.
Explican que su situación de salud y jurídica generada por las represalias políticas en su contra pone en riesgo sus vidas.
Esa Coalición alertó que esa práctica represiva en Nicaragua se profundiza a través de un subregistro con casos no denunciados públicamente.
El motivo es la vigilancia, intimidación y acoso de parte de las autoridades o de fuerzas paraestatales.
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó órdenes de arresto contra el ex ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov.
¿El motivo? Crímenes de guerra y lesa humanidad entre octubre de 2022 y marzo de 2023 por la invasión rusa a Ucrania.
La decisión corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que aprobó las órdenes de detención, informó El Mundo
El señalamiento de la Corte Penal Internacional
La instancia responsabiliza a Shoigú y Guerásimov. de «dirigir ataques a objetivos civiles y por causar daños colaterales excesivos a civiles y objetos civiles».
Son crímenes de lesa humanidad por «actos inhumanos» definidos en Estatuto de Roma.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó a la Sala la aprobación de estas órdenes de arresto.
Señala a los altos cargos de ser presuntos «responsables a nivel penal» de haber cometido esos actos criminales.
Agrega que ordenaron su comisión y no ejercieron el control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando para evitar la comisión de esos crímenes.
«Existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana», apunta la CPI.
El período del terror
Desde octubre de 2022 a marzo de 2023, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo «un gran número de ataques contra numerosas plantas de energía eléctrica y subestaciones en múltiples localidades» de Ucrania.
La Sala también ve «motivos razonables» para creer que:
«Los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetos civiles y que para aquellas instalaciones que podrían haber calificado como objetivos militares en el momento relevante, el daño colateral esperado a civiles y bienes civiles habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada».
Además, denunció que «la presunta campaña de ataques constituye un curso de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal».
Lo anterior hace creer que los sospechosos «causaron intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física, siendo así responsables penalmente del crimen de lesa humanidad».
