Hace más de dos décadas, un enfrentamiento entre manifestantes del oficialismo y la oposición cerca del Palacio de Miraflores acabó con la vida de 19 venezolanos, mientras otro centenar resultaron heridos. En esas horas convulsas, donde el gobierno de Hugo Chávez cayó y regresó, quedaron muchos casos sin resolver. El excoodinador de Provea, Marino Alvarado, detalla para El Diario que de las investigaciones abiertas por los hechos de Puente LLaguno, solo ha reinado la politización y la impunidad.
Solo bastaron 72 horas para que la historia contemporánea de Venezuela cambiara su rumbo de forma drástica. El 11 de abril de 2002, la sangre de varios venezolanos corrió por las calles del centro de Caracas. Una multitudinaria marcha de la oposición se dirigía al Palacio de Miraflores para protestar contra el entonces gobierno de Hugo Chávez. Allí, otro grupo, esta vez de simpatizantes del oficialismo, se concentró en los alrededores para apoyar al presidente. El encuentro entre ambas manifestaciones polarizadas cerca del Puente Llaguno se convirtió en un choque directo. Insultos entre consignas, enfrentamientos, disparos. Más de una decena de muertos y un centenar de heridos.
Aquella masacre fue el resultado de una cadena de eventos en los que se fue acumulando cada vez más la presión. El 13 de noviembre de 2001, Chávez usa su decreto habilitante para aprobar un paquete de 49 leyes con un impacto brutal sobre la economía. Reformas en la Ley de Hidrocarburos, la de Puertos y la de Pesca, entre otras. También la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que le dio al Estado el poder para expropiar cualquier terreno que considerara muy grande o subutilizado. Meses después, el 7 de abril de 2002, con el soplido de un silbato, el mandatario disolvió la junta directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en plena cadena nacional.
Imagen de la marcha opositora el 11 de abril de 2002. La concentración original había sido a la sede de PDVSA en Chuao, pero luego se movilizó hacia el Palacio de Miraflores. Foto: Cortesía
Como consecuencia de estas acciones, organizaciones gremiales como Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) encabezaron una huelga general. Entretanto, la ciudadanía protestaba en las oficinas de PDVSA en Chuao contra la politización de la industria petrolera. El descontento general se manifestó en grandes marchas como la del 23 de enero de 2002, que llevaron a la renuncia del ministro de Interior, Luis Miquilena. Igualmente, el sector militar también se rebelaba cada vez más abiertamente contra Chávez, con oficiales haciendo llamados públicos a promover un cambio político. El 11 de abril, el Alto Mando se opuso a ejecutar el Plan Ávila para reprimir a la población.
Los sucesos del Puente Llaguno dejaron una estela de violencia y pánico en la población. Las protestas se intensificaron y en la madrugada del 12 de abril, el ministro de Defensa, Lucas Rincón, anunció la renuncia del presidente. Mientras Chávez era llevado al archipiélago de La Orchila por un grupo de militares, en Caracas se libraba una batalla política e institucional por el control del país. También hubo otros episodios de violencia y persecución contra los antiguos funcionarios del gobierno. Al final el chavismo, con apoyo de sus seguidores, logró retomar el poder el 13 de abril. Al día siguiente, Chávez volvió a Miraflores con un crucifijo en la mano. Desde entonces, cada día en la historia de Venezuela por los siguientes 20 años sería de todo, menos pacífica.
Causa politizada
Foto: Cortesía
De los hechos del 11 de abril de 2002, el que quedó como un trauma en la memoria colectiva ha sido la masacre de Puente Llaguno. En ese lugar, a pocos metros de Miraflores, estaban reunidos los simpatizantes del chavismo, mientras abajo, en la avenida Baralt, estaban los opositores. Aun años después, determinar lo que sucedió con exactitud resulta una tarea compleja, pues cada bando posee su propia versión.
Un hecho es que a las 2:30 pm se escucharon detonaciones cerca de la estación de Metro de Capitolio y cayó el primer herido en el lado opositor. Más detonaciones, con heridos y muertos, llevaron a los funcionarios de la entonces Policía Metropolitana (PM) a intervenir y abrir fuego al sitio de donde creían que venían los disparos. Comenzaron a caer las primeras víctimas del oficialismo y se inmortalizó la imagen de cuatro pistoleros desde el puente disparando hacia la marcha opositora. Al final, entre confusión y balas cruzadas, murieron 19 personas de ambas tendencias políticas, mientras 127 resultaron heridas.
Foto: Cortesía
Tanto misterio alrededor de Puente Llaguno se debe precisamente al manejo partidista que tuvieron las investigaciones. “El proceso de politizar la administración de justicia frente a los hechos del 11 de abril es la primera gran falla que ha persistido”, declara a El Diario el excoordinador general de la organización de derechos humanos Provea, Marino Alvarado. Indicó que el chavismo, usando su maquinaria propagandística y control sobre los medios de comunicación, ha intentado imponer su narrativa. Prueba de ello son los documentales La revolución no será transmitida (producida en Irlanda) y Puente Llaguno: claves de una masacre. Ambos recibieron fuertes críticas por su parcialidad y por tergiversar hechos para ajustarlos a la versión oficial.
Considera especialmente grave este hecho, al tomar en cuenta que precisamente es el gobierno venezolano el encargado de investigar los crímenes cometidos para procesar a los responsables. “La exigencia de justicia debe ser para todos, y la obligación del Estado es investigar con independencia y eficiencia cada uno de esos hechos que pudieron constituir o grandes violaciones de derechos humanos, o situaciones vinculadas al delito común, pero que dejaron también víctimas que necesitan que se haga justicia”, dice.
Pero no toda la manipulación a nivel mediático ha venido solamente del chavismo. Alvarado aclara que desde la oposición también se politizó la tragedia, lo cual, a su juicio, no ayudó a formar un sentimiento de consenso para hacer justicia. Cita como ejemplo la negativa de varios partidos opositores a reconocer que el 11 de abril hubo un intento de golpe de Estado. Afirma que para avanzar en el esclarecimiento de la verdad, es necesario dejar claro que fue un proceso ilegal y contrario a la Constitución. “Ese es el primer paso que desde el punto de vista institucional debió haber unificado a la sociedad venezolana, para poder asumir otros procesos con transparencia”, asevera.
Los caídos
19 personas murieron durante los hechos de Puente Llaguno. Los conteos señalan que 12 estaban en la marcha opositora, mientras siete eran de la concentración oficialista. Más allá de atribuir más bajas a uno u otro bando, Alvarado recuerda que ese día perdieron la vida personas de ambas creencias políticas, seres humanos antes que cualquier otra etiqueta.
Sus nombres son:
Juan David Querales, 25 años
Víctor Emilio Reinoso, 28 años
Alexis Bordones, 53 años
Orlando Rojas, 49 años
Jorge Tortoza, 48 años
Ángel Luis Figueroa, 29 años
Jesús Orlando Arellano, 34 años
José Antonio Gamallo, 45 años
Jesús Mohamed Espinoza Capote, 18 años
Erasmo Enrique Sánchez, 60 años
Pedro Linares, 42 años
César Matías Ochoa, 38 años
Nelson Eliézer Zambrano, 23 años
Rudy Urbano Duque, 38 años
Josefina Rengifo, 29 años
Luis Alfonso Monsalve, 55 años
Luis Alberto Caro, 57 años
José Alexis González Revette, 47 años
Jhonnie Obdulio Palencia, 29 años
Impunidad
Foto: Cortesía
Durante el tiempo que Chávez estuvo cautivo en La Orchila, se formó un gobierno interino encabezado por Pedro Carmona Estaga, quien era el presidente de Fedecámaras. Esto violó el principio constitucional de sucesión presidencial, que establecía que correspondía al entonces vicepresidente, Diosdado Cabello. No fue sino hasta el 13 de abril, cuando ya se había recuperado el control del país, que Cabello se juramentó temporalmente ante la Asamblea Nacional, como dicta la ley, mientras Chávez regresaba en helicóptero.
Alvarado insiste en que ambos bandos tuvieron responsabilidad en lo ocurrido en el golpe de Estado fallido. Afirma que, además del asesinato de manifestantes, tanto el gobierno chavista como el interinato de Carmona cometieron violaciones de derechos humanos durante esas 72 horas. “Se produjo una impunidad de lado y lado”, asegura. Esto debido a que el entonces fiscal general, Isaías Rodríguez, no manejó las investigaciones con la celeridad e imparcialidad que ameritaba.
Foto: Cortesía
“Hubo muy poca investigación de los casos y se establecieron muy pocas responsabilidades. Hubo detenciones arbitrarias a las que se sumaron prácticas de tortura que tampoco fueron investigadas. Se produjeron allanamientos sin orden judicial y con gran violencia que tampoco fueron investigados. Hubo denuncias que nunca fueron procesadas ni canalizadas”, explica.
De acuerdo con el Foro Penal, se abrieron 79 investigaciones por los hechos del 11 y 12 de abril, de las cuales solo cuatro llegaron a juicio. Sin orden judicial, en los días sguientes detuvieron a los comisarios de la PM Lázaro Forero y Henry Vivas, además del secretario de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovis. A los tres se les sentenció a la pena máxima de 30 años de prisión por presuntamente ordenar abrir fuego contra la concentración chavista. También condenaron a penas de 16 a 30 años a ocho funcionarios de ese cuerpo policial. De los otros presuntos tiradores, muchos fueron liberados o absueltos. De algunos incluso nunca se supo su identidad.
Beneficiados por el sistema
Imagen de los cuatro pistoleros del puente Llaguno. Foto: original Venevisión
Muchas de las investigaciones quedaron en el aire, principalmente cuando involucraron al oficialismo. Un caso es el de los denominados “pistoleros de Puente Llaguno”. Cuatro personas dentro de la marcha chavista fueron captadas por las cámaras de Venevisión disparando desde el elevado, siendo una de las imágenes más emblemáticas de ese día. Aunque en un principio se dijo que fueron quienes iniciaron el ataque, actualmente la versión oficial afirma que respondían al fuego de la PM, mientras los primeros disparos vinieron de otro lado. En todo caso, muchos reconocieron años después que, aun en defensa propia, apuntaron a los civiles opositores.
Las autoridades arrestaron a Richard Peñalver, Rafael Cabrices, Henry Danilo Atencio, Nicolás Eduardo Rivera Muentes por ese altercado. De acuerdo con el portal El Estímulo, se les imputaron los cargos de porte ilícito de arma de fuego, intimidación pública y resistencia a la autoridad. Nunca se investigó (o al menos no se les acusó) si alguna de sus balas llegó a herir o asesinar a alguna persona. En septiembre de 2003, el tribunal absolvió a Cabrices y Rivera, mientras Peñalver y Atencio recibieron libertad condicional. El 30 de agosto de 2005, Cabrices falleció y su velorio fue en el mismo puente desde donde disparó. Durante el acto, en una suerte de homenaje, Chávez dijo: “Ha muerto un patriota”.
Por su parte, Peñalver tuvo como abogado defensor a Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al régimen de Nicolás Maduro. Un hecho irregular, ya que precisamente Moreno fue el juez que dictó la orden de captura contra Simonovis y los comisarios de la PM. Peñalver y Atencio salieron en libertad en enero de 2008, luego de que Chávez firmara un decreto de amnistía a los involucrados en los hechos del 11 de abril, y en el que deliberadamente se excluyeron a figuras como los policías de la PM o al propio Carmona Estanga.
Foto: Cortesía Caracas Chronicles
Luego de eso, Peñalver tuvo una vida política como concejal de Caracas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2011. En 2015, el entonces gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, le otorgó la Orden Casa Fuerte en su primera clase. El pistolero huyó de Venezuela en 2018 y pidió asilo en España, el cual le fue negado.
Al igual que los cuatro de Puente Llaguno, otros pistoleros también resultaron sospechosamente favorecidos por la justicia. Tras dos años prófugos, en 2004 capturaron a Amílcar Carvajal, José Ávila Salazar y Miguel Alfredo Mora. Eran los principales sospechosos del asesinato del periodista Jorge Tortoza. Los tres fueron juzgados en libertad y recibieron medidas cautelares apenas 48 horas después de su sentencia. Esto a pesar de que en el caso de Carvajal, su propio abogado defensor lo reconoció en varios videos y fotografías donde aparecía disparando.
En los documentales promovidos por el oficialismo también se suele hablar sobre francotiradores dispuestos en varios puntos de la avenida Baralt, y que presuntamente fueron los responsables de los primeros disparos. Esto a partir de testigos que afirmaron haberlos visto en las azoteas de los hoteles Ausonia y Edén. Pues el 15 de mayo de 2002, la Asamblea Nacional presentó un informe del jefe de la Casa Militar, Almidien Ramón Moreno. Allí se daba cuenta de la detención de 10 sospechosos el 11 de abril, tres por un grupo de ciudadanos que los entregaron a Casa Militar, y siete capturados por los militares en el Ausonia. Todos fueron llevados al Ministerio Público y liberados poco después, ante una aparente falta de pruebas.
Chivos expiatorios
Foto: Cortesía
Un destino contrario al de Richard Peñalver o Amílcar Carvajal tuvieron los funcionarios de la PM sentenciados. Por un lado, estuvieron Simonovis, Vivas y Forero como presuntos autores intelectuales, al ser quienes dieron las órdenes. Por el otro, los oficiales Marcos Hurtado, Rafael Neazoa López, Erasmo Bolívar, Aruve Pérez, Julio Ramón Rodríguez, Luis Enrique Molina, Héctor Rovaín y Ramón Zapata. Acusados de estar presentes en los tiroteos.
Todos fueron sometidos a un largo juicio que duró siete años, y que estuvo minado de irregularidades y retrasos procesales. En total se realizaron 230 audiencias, en las que se citaron a 198 testigos y 48 expertos. También se analizaron miles de fotografías y videos, e incluso se utilizó un fragmento de la película Juegos de Pasión para recrear el presunto momento en que Simonovis y Forero ordenaron disparar. A pesar de que la evidencia técnica y criminalística no arrojó resultados, y los testigos no certificaron la culpa de los acusados, fueron sentenciados el 3 de abril de 2009 por el Tribunal Cuarto Mixto de Juicio del estado Aragua.
Al respecto, Alvarado reconoce que, dado el resultado de los enfrentamientos de Puente Llaguno, es posible que sí hubieran funcionarios de la PM responsables de hechos violentos, pero que es imposible saber si fueron los que finalmente resultaron encarcelados. Afirma que la investigación fue acelerada y altamente politizada, sin pruebas suficientes para determinar su culpabilidad. Lamenta que debido a esto, es posible que hayan estado encarcelados oficiales que nunca tuvieron nada que ver.
”El proceso de los policías metropolitanos estuvo altamente viciado, donde no se les permitió el derecho a la defensa y hubo graves irregularidades en las partes probatorias, y muy posiblemente, algunos de los funcionarios en la cárcel no tuvieron absolutamente nada que ver. Todos al final terminaron siendo víctimas de un sistema de justicia que no les permitió su garantía a la defensa ni debido proceso”, asevera.
En 2012, el exmagistrado de la sala penal del TSJ, Ramón Eladio Aponte Aponte, escribió una carta desde Costa Rica en la que admitió que el presidente Chávez presionó al Poder Judicial para condenar a los funcionarios. Una declaración que luego confirmó el exmagistrado Luis Velázquez Alvaray.
Actualmente, Simonovis reside en Estados Unidos tras escapar de su arresto domiciliario en 2019. Vivas y Forero también recibieron casa por cárcel en 2011 por razones de salud. De los ocho policías, Neazoa y Zapata salieron de prisión en 2009; el primero por resultar absuelto, y el segundo por ya haber cumplido un tiempo mayor a su sentencia. Por su parte, Julio Rodríguez recibió en 2013 medidas cautelares por el estado de su enfermedad. En enero de 2020, excarcelaron a Marcos Hurtado tras cumplir su condena, siendo el único del grupo en recuperar su libertad plena. Aunque en 2020 venció también la de Aruve Pérez, para abril de 2022 sigue detenido en la Cárcel Militar de Ramo Verde, en Los Teques, al igual que Bolívar, Rovaín y Molina.
La herida de abril
Chávez regresando de La Orchila, el 14 de abril de 2002. Foto: Cortesía
Los hechos del 11 de abril de 2002 dejaron una marca en la sociedad venezolana. Aunque las marchas contra el gobierno continuaron ese año y en los siguientes, se recluyeron cada vez más hacia el este de Caracas, bajo el amparo de sus alcaldías. Con el tiempo, el centro de la capital se volvió inaccesible para cualquier tipo de acto político opositor. Un hecho aupado por los traumas de Puente Llaguno y la hostilidad de colectivos oficialistas que se adueñaron de sus esquinas.
Chávez tampoco volvió a ser el mismo después de su viaje a La Orchila. A su regreso al poder, cerró filas a sus piezas más leales, volviéndose cada más intolerante a la disidencia dentro de su gobierno. También intensificó su depuración de las Fuerzas Armadas, seleccionando los ascensos más por afinidad política que por méritos. Igualmente, el 14 de agosto de 2002, el TSJ emitió una sentencia en la que libró de la cárcel a varios generales, al determinar que no hubo insubordinación por negarse a ejecutar el Plan Ávila. Chávez, furioso, ordenó al Parlamento remover a los magistrados, lo que derivó en una nueva Ley del Tribunal Supremo de Justicia. Una que subordinó al Poder Judicial a las directrices de Miraflores.
Mientras tanto, los familiares de las 19 víctimas todavía esperan justicia. Los policías metropolitanos fueron juzgados por la muerte de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano Duque, pero nunca se supo quiénes fueron los asesinos de los otros 17 caídos. Tampoco hubo ninguna medida de reparación. Solo silencios y expedientes archivados. Y cada 11 de abril, las heridas se abren nuevamente con cada discurso político y retransmisión de los documentales oficiales, mientras en las tumbas se colocan flores a aquellos que esa tarde murieron por defender sus ideales.
El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, carga contra el chavismo después de la ola represora de la última semana.
La oleada de encarcelaciones en Venezuela han vuelto a levantar las alarmas sobre el Gobierno de Nicolás Maduro. En la región, varios países han rechazado la detención de la activista Rocío San Miguel, supuestamente involucrada en una conspiración para asesinar al mandatario, y la expulsión de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El líder de izquierda y expresidente uruguayo José Mujica también ha marcado distancia del chavismo de Maduro, al que en otros tiempos fue afín.
“Venezuela tiene un Gobierno autoritario que se pasa para el otro lado”, dijo este viernes ante un grupo de periodistas que le consultaron si en Venezuela hay una dictadura. “¿Qué quiere decir la palabra dictadura? ¿Dónde se origina el concepto dictadura? Era una decisión del Imperio Romano cuando las papas quemaban, que concentraban el poder y se lo daban a un tipo solo, para que mandara. Nada de discrepar ni nada. Orden cerrado porque en momentos de peligro no se puede discutir. Tiene que haber uno que mande. Ahí se inventó la figura de dictador. El de Venezuela es un Gobierno autoritario, se lo puede llamar dictador… llámenlo como quieran”.
Mujica también criticó la reacción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez que hace unos días en un cruce de declaraciones en redes sociales calificó al actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de “lacayo” de Estados Unidos, por haber señalado la deriva autoritaria en Venezuela que ahora también reconoce el líder uruguayo. “No se puede hablar de los presidentes de América así. No se debe hablar, hasta por conveniencia y relaciones diplomáticas”, señaló Mujica.
No es la primera vez que Mujica hace críticas a Maduro, pero es primera vez que el dirigente, considerado una de las voces más lúcidas y ecuánimes de la política latinoamericana, admite su autoritarismo. En 2016, en una entrevista dijo que “en Venezuela todos estaban locos como una cabra” y salió en defensa del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, blanco habitual de los insultos del chavismo en el poder.
El endurecimiento de Maduro con la oposición, las voces disidentes e incluso la diplomacia multilateral ha levantado un nuevo cerco sobre Venezuela. Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay han rechazado la detención de San Miguel y la expulsión de los representantes de la ONU. Ya Estados Unidos y la Unión Europea también han condenado los hechos y ahora se ha sumado Reino Unido. La comunidad internacional brega porque en Venezuela se retomen los acuerdos de Barbados, que significaron un avance en las negociaciones entre el chavismo y la oposición para encontrar una salida electoral a la crisis venezolana.
Las primarias de la oposición celebradas en octubre pasado, en las que la dirigente María Corina Machado confirmó un alto respaldo popular que cuatruplica la menguada aprobación de Maduro y se evidenció la decidida movilización de opositores en un proceso lleno de obstáculos, encendió las alarmas del chavismo que no está dispuesto a ceder al poder. El escenario de unas elecciones libres y competitivas que se vislumbraba el año pasado, ahora luce improbable tras la reversa que ha puesto Maduro a sus compromisos y concesiones a los que llegó en particular con Estados Unidos, para la flexibilización de las sanciones petroleras y del gas, que se han convertido en la palanca de cambio de crisis venezolana durante los últimos años.
En otro tramo de la charla con periodistas, Mujica expresó que “la desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo y se ha sentido cercado y tiene un gobierno autoritario, se pasan para el otro lado”. “Pero yo aprendí esto: en una plaza sitiada, cualquier discrepante es un traidor. Tratan a la gente como el orto”, indicó. En los últimos días, la situación de Venezuela ha vuelto a estar en el centro del debate político en Uruguay, que calienta motores de cara a las elecciones generales de octubre de este año. Los últimos acontecimientos, como el bloqueo de la candidatura de María Corina Machado, motivaron que el presidente Lacalle Pou se manifestara sobre el contexto en el país caribeño. “Es claro, rompe los ojos, es una dictadura, no hay elecciones”, expresó el domingo pasado. En esa misma línea se han manifestado en coro los integrantes de los partidos de la derecha y centroderecha uruguaya.
No tan clara es la situación en filas del izquierdista Frente Amplio, cuyos principales referentes se muestran más reticentes en llamar dictadura al Gobierno de Maduro. Sin embargo, ha habido notorias excepciones, como la del exvicepresidente, Danilo Astori, e incluso el propio Mujica, que así lo calificaron en 2019. “Es una dictadura sí. En la situación que está no hay otra cosa que dictadura, pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto, hay en Malasia donde matan 25 tipos por día, y en la República Popular China, ¿qué me dicen?”, había dicho Mujica.
Los ojos de Moises Naim miran seguido a su país natal, Venezuela, que hoy está ad portas de una nueva elección que podría consolidar el poder de Nicolás Maduro, del cual siempre ha sido un furibundo opositor.
La entrevista comienza con el tema del momento: el caso del militar venezolano disidente Ronald Ojeda, refugiado en Chile y cuyos restos fueron encontrados en una barriada marginal de Santiago 10 días después de haber sido secuestrado en su casa por un grupo de hombres disfrazados de agentes de la PDI (Policía de Investigaciones de Chile).
Desde que Ojeda fue secuestrado, la oposición a Maduro alertó sobre una posible intervención del gobierno en el caso. ¿Es algo que haya pasado antes?
Es normal en el régimen venezolano, el régimen ruso, el régimen de Corea del Norte, de Nicaragua, de China. Todos estos regímenes actúan internacionalmente de manera velada para secuestrar, a veces asesinar, a los opositores políticos. Venezuela simplemente está poniendo su nombre junto a los regímenes más oprobiosos de estos tiempos. Es una de las técnicas preferidas de los regímenes de la URSS. Bulgaria inventó la técnica del paraguas con veneno, con el que clavaban a un opositor. Ahora hay nuevas formas. A Navalny lo envenenaron con algo radiactivo. Es parte de una larga historia. Hoy la gran tristeza es que América Latina había superado, junto con las dictaduras, este tipo de cosas. Pero el continente está permitiendo que Venezuela se comporte activamente como una tiranía sacada de la URSS del siglo XX.
Moises Naim
Usted ha hablado de la influencia cubana en Venezuela, en temas de seguridad, inteligencia, militares. ¿Qué tan influyente es?
Los cubanos son indispensables para Venezuela. Y Venezuela es indispensable para los cubanos. Aun en los peores momentos de Venezuela, siempre ha tenido preferencia para ayudar a la isla. En concreto, Venezuela es un país ocupado por una potencia extranjera, que es Cuba. Y esta la controla en muchos aspectos neurálgicos: la economía, la inteligencia, la política, las finanzas, los negocios. Venezuela está simplemente capturada, manipulada y utilizada por Cuba, que está haciendo lo que los estados que ocupan a otros Estados normalmente hacen: saquear.
Ha dicho que el Estado venezolano es un narcoestado. ¿Qué determina esta definición?
En el pasado, el crimen organizado estaba fuera del Gobierno. Y utilizaba métodos de presión o seducción a los gobiernos. Ahora, en Venezuela y otras partes, el crimen organizado es el gobierno. Los grandes carteles que operan en Venezuela son controlados por este. Por ejemplo, se puso de moda un cartel de narcos muy importante que es el cartel de los Soles. Y se llama ‘de los soles’ por las charreteras que llevan los militares sobre los hombros. En concreto, trabajan para beneficio del régimen de Maduro, del mismo Maduro y sus familiares y de sus militares.
Siguiendo esta línea, ¿puede ser el crimen organizado una forma de actuar internacionalmente para un narcoestado?
Es correcto. El crimen organizado se ha transformado, desde el Gobierno, en una herramienta. Dentro de las opciones que el Gobierno venezolano tiene para operar internacionalmente están las técnicas, tácticas y organizaciones típicas del crimen organizado y de las mafias.
Teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno habría sido secuestrado en Chile.
Entonces, ¿usted cree factible que el Estado venezolano pueda secuestrar a alguien fuera de su país?
No solo es factible, es la manera en como se ha estado comportando la dictadura venezolana. Ahora, como mínimo, hay que confiar en el sistema de justicia chileno. Yo confío en la independencia, autonomía y justicia de los tribunales que verán esto. La dictadura y la diplomacia venezolanas se comporta de una manera extraterritorial. Trata de imponer sus modos de decisiones y formas de actuar de una manera que va más allá de lo permitido por la ley.
En ese punto, ¿cómo debiera actuar el Gobierno chileno ante una situación así?
Como actúan las democracias. El Gobierno chileno debe hacer lo que dice la ley. Y hay leyes que rigen este tipo de situaciones. A lo que dicen las cortes hay que añadir la protección de los derechos civiles, políticos, humanos de las personas perseguidas por las dictaduras que tienen estas conductas extraterritoriales.
Hace poco Chile firmó un convenio de cooperación policial con Venezuela. Esta semana, al respecto, un medio venezolano dijo que la inteligencia venezolana se aprovechó de eso, en el marco del caso Ojeda. ¿Cómo evalúa este tipo de acuerdos?
Se pueden lograr acuerdos, siempre y cuando uno recuerde que quien tiene al otro lado de la mesa negociando forma parte de las organizaciones criminales que hoy manejan a Venezuela. Hay que tener claro que, usualmente, del otro lado no está sentada Blancanieves, sino que está sentada gente que participa activamente del modo de vida y el modo de operar del crimen organizado a nivel mundial.
Pese a todas las denuncias, Nicolás Maduro probablemente gane las próximas elecciones y siga en el poder…
Venezuela es un país ocupado por una potencia extranjera, que es Cuba. Y esta la controla en muchos aspectos neurálgicos: la economía, la inteligencia, la política, las finanzas, los negocios.
Sorprende la sorpresa. Se trata de una dictadura. Y comenzó siendo una dictadura. Ahora se trata de lavar y blanquear el régimen de Hugo Chávez, pero él comenzó con esto. Ciertamente Venezuela es una dictadura y ese debate no debería existir. Lo que pasa hoy, en el marco de las elecciones, es más de lo mismo. No es la primera vez que ocurre. Maduro coquetea con la idea de elecciones, las pone como cebo a la oposición, crea reuniones en lugares exóticos y resulta que al final todo era un truco para ganar tiempo para la dictadura, para distraer de otros problemas que hay, para abrirse espacio y hacer cosas que no se hacen en democracia. Son dictadores, no se van a dejar sacar por elecciones.
Una columna reciente del Americas Quarterly dice que Maduro ya dejó de fingir, pero que falta que el mundo deje de hacerlo. ¿Qué opina?
Sobre la comunidad internacional, fuera de unas sanciones mal diseñadas, y peor implementadas por parte de Estados Unidos, no ha pasado mucho más. Hay sanciones individuales, que son las que más duelen, donde hay una recompensa para la entrega de Nicolás Maduro. Sin embargo, Estados Unidos y el Departamento de Justicia ponen precio, pero otra parte del Gobierno americano deja libre a uno de los más importantes testaferros de Maduro, el Sr. Saab, que es el principal agente financiero, el gerente de la enorme fortuna de la dictadura.
Nicolás Maduro.
¿Qué puede o debe hacer la comunidad latinoamericana?
Hay cosas, aunque ninguna es una varita mágica. Debiera, por ejemplo, levantar su voz en torno a la tortura sistemática. Decir claramente que este es un gobierno que tortura, ante los ojos de la comunidad latinoamericana y el mundo. Se podría hacer algo en términos de aumentar la presión a personas con nombre y apellido.
¿Cómo observa el panorama mundial? 2024 estará lleno de elecciones y conflictos…
Van a ocurrir cosas importantísimas. Les doy una importancia enorme a las elecciones presidenciales de Estados Unidos a final de año. Todo parece indicar que, a pesar de sus problemas legales, Trump será el candidato republicano. Y no sabemos qué va a pasar con Biden, sobre el que hay una gran y justificada preocupación por los síntomas de su avanzada edad. En el mundo pasa de todo. Está la guerra entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Hamás, las tensiones entre China y Taiwán. Hay una larga lista de puntos de atención y emergencia, que tienen consecuencias importantes y naturaleza global. También están los impactos del cambio climático que estamos viendo. La irrupción de la IA y sus consecuencias muy positivas, pero a la vez peligrosas. Pero nada será más importante que las elecciones de Estados Unidos, porque si gana Donald Trump, habrá un retroceso de la democracia de Estados Unidos en todas las áreas.
¿Dónde ubica a Javier Milei en el mapa democrático? ¿Qué opina de su gobierno?
Él es un fundamentalista libertario que va a descubrir como gobernante que hay cosas que no se pueden hacer como él quisiera, y que depende de alianzas. Tendrá que conversar con grupos a los que ha denostado, a los que ha insultado. Es una característica del siglo XXI: los países que logren que dos grupos que se detestan trabajen juntos van a tener éxito y crecerán. Los que se trancan con la polarización y no son capaces de lograr alianzas van a tener un desempeño más pobre.
El régimen de Nicolás Maduro actúa completamente al margen del sistema de derechos humanos, con consecuencias para la ciudadanía venezolana. Ramón Cardozo hace un minucioso recuento.
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), mediante sentencia emitida el pasado 1 de marzo, desestimó la apelación realizada por el régimen de Nicolás Maduro y confirmó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que había autorizado al fiscal Khan a continuar la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante los últimos años.
El régimen de Maduro reaccionó negando que tales crímenes hubieran ocurrido, acusando a la Corte de estar parcializada y de «instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos».
Aumento significativo de las violaciones de derechos humanos
En febrero, Yván Gil, ministro de Exteriores del Gobierno de Maduro, acusó a la oficina técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de ser «el bufete particular de un grupo de golpistas y terroristas». Tras estas declaraciones, suspendió las operaciones de la oficina en Venezuela y ordenó a sus miembros abandonar el país en un plazo de 72 horas.
La medida del régimen respondió directamente a las críticas de la ACNUDH, que había expresado su «profunda preocupación» por la detención arbitraria de la activista y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Estas actuaciones del régimen chavista no son fortuitas, sino que forman parte de un patrón de conducta de resistencia, obstaculización y crítica a la acción y supervisión del sistema internacional de justicia y protección de los derechos humanos en el país. Este patrón se observa desde los inicios del chavismo, en 1999.
El objetivo de esta estrategia es intentar eximir al Estado venezolano y a sus máximas autoridades de sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Lo más grave de este comportamiento es que ha venido acompañado de un aumento significativo de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, tal como lo han venido documentado en sus informes los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Rechazo de decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Desde su creación en el año 2000, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominada por el chavismo, cuestionó, obstaculizó y rechazó de forma sistemática las decisiones condenatorias de instancias internacionales de protección de derechos humanos.
En 2003, la Sala Constitucional se arrogó, mediante sentencia, la potestad de decidir qué tratado internacional y qué decisión de un organismo de protección de derechos humanos se aplicaba en el país. En esa misma oportunidad, estableció que las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) «no son obligatorias” ni para el Gobierno ni para los jueces venezolanos.
En 2008, la Sala Constitucional declaró que las decisiones condenatorias de la Corte IDH en contra del Estado venezolano por violación de derechos humanos eran «inejecutables» y de «imposible cumplimiento» en el país. Bajo este criterio, seis sentencias de la Corte IDH han sido desacatadas por el régimen chavista hasta la fecha, incluyendo las relacionadas con la inhabilitación de Leopoldo López (2011) y el cierre del canal de televisión «Radio Caracas Televisión» (2015).
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU constata una agudización de las violaciones de los derechos civiles y políticos durante los últimos 8 años en Venezuela.
Abandono del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
En 2012, el Gobierno de Hugo Chávez ordenó la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que provocó la retirada de Venezuela tanto de la Comisión como de la Corte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Chávez tildó a estos organismos como instrumentos «podridos» y «degenerados» al servicio de Estados Unidos y en contra de su Gobierno.
La decisión de Chávez generó numerosas críticas por parte de prestigiosos juristas nacionales e internacionales, entre ellos el venezolano Carlos Ayala Corado, expresidente de la Comisión IDH, quien destacó su carácter violatorio de las normas y principios constitucionales relativos a la jerarquía y supremacía constitucional de los tratados sobre derechos humanos y del derecho de petición internacional para el amparo de los derechos humanos.
A pesar de los numerosos requerimientos realizados por diversos órganos y personalidades internacionales en la última década, el régimen de Maduro ha mantenido su negativa al retorno de Venezuela al Sistema.
Obstaculización del trabajo de organismos internacionales
En reiteradas ocasiones durante los últimos 25 años, el régimen chavista se ha negado a cooperar y autorizar la visita al país de relatores y expertos de organismos internacionales de protección de derechos humanos. A partir del año 2002, Hugo Chávez se negó a autorizar las visitas de observación in situ de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De igual forma, Nicolás Maduro, entre 2014 y 2018, período en el que recrudeció la represión estatal contra las protestas ciudadanas, se rehusó a permitir el ingreso al país de los relatores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En su informe de 2018, Zeid Ra’ad, Alto Comisionado para ese momento, se lamentó de la «imposibilidad de acceder al país, la falta de información por parte de las autoridades y los riesgos en cuanto a la protección de las fuentes consultadas».
De igual manera se han quejado los miembros de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, de la ONU, a quienes el régimen de Maduro les ha negado desde el 2019 la autorización para visitar el país.
En su más reciente informe (18.09.2023) al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión señaló que el gobierno venezolano continuó negándose a colaborar con ella, a pesar de que en las resoluciones 42/25, 45/20 y 51/29 del Consejo de Derechos Humanos se instó a las autoridades venezolanas a cooperar plenamente con la Misión, a concederle acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, y a proporcionarle toda la información necesaria para cumplir su mandato.
Incumplimiento de recomendaciones
En abril de 2015, después de 14 años de retraso por parte de Venezuela en la entrega de información al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se pudo realizar el IV Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte del Estado venezolano.
En esa ocasión, el Comité expresó en sus conclusiones su preocupación por 14 temas de derechos humanos en el país y emitió 20 recomendaciones sobre la protección y el respeto de la labor de los periodistas y defensores, la libertad de expresión, la reunión pacífica, el uso excesivo de la fuerza, la tortura, la independencia de los jueces y fiscales y el juicio de civiles en tribunales militares.
En octubre de 2023, tras un nuevo retraso de 4 años en la entrega del informe por parte del Estado venezolano, se llevó a cabo el V Examen. En esta ocasión, el Comité amplió su preocupación a 20 temas de derechos humanos en el país, 12 de los cuales coincidían con los señalados en el examen de 2015.
Esto evidenció la agudización de las violaciones de los derechos civiles y políticos durante los últimos 8 años en Venezuela. También quedó patente el incumplimiento por parte del Estado venezolano de las recomendaciones que el Comité le había hecho en 2015.
El Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos desempeña un papel crucial en la salvaguarda de elecciones justas, transparentes e inclusivas. Las pretensiones del régimen de Maduro de actuar al margen del sistema coloca en una posición muy vulnerable al sector opositor, actualmente mayoritario en el país, y lo expone a graves violaciones de sus derechos fundamentales.
La mitad de la población vive en pobreza multidimensional en Venezuela, donde las personas más pobres ganan 30 o 35 veces menos que quienes tienen mayores ingresos, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida 2023.
La pobreza multidimensional se ubica en un 51,9 % en Venezuela, que continúa siendo uno de los países más desiguales del continente, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), presentada.
ENCOVI
La ENCOVI es un proyecto de equipos técnicos de tres universidades del país, que surgió ante la ausencia de estadísticas oficiales vinculadas con la realidad social y se ha convertido desde el 2014 en una fuente de información “oportuna” para investigadores.
Según la investigación correspondiente a 2023, la pobreza de ingreso sigue siendo uno de los “mayores escándalos” que padece la sociedad venezolana, pero, resalta que, más allá del ingreso, persisten esquemas de carencia que repercuten sobre la calidad de vida de los hogares.
Luis Pedro España, sociólogo e investigador de la ENCOVI, detalló que la pobreza multidimensional se estabilizó en un 51,9 %, en 2023, un 1,4 % más que en 2022. “Hay formas de reducirla por lo menos hasta un 40 % o por lo menos lo que ha sido el nivel estructural de la pobreza en Venezuela que es del 30 o 35 %”, expuso.
Sobre la pobreza de ingresos, que en 2023 fue de un 50,5 %, dijo que es “muy alta” consecuencia de los niveles de inflación y la caída de la productividad en el país.
La inflación en Venezuela cerró en 2023 en un 189,9 %, según el Banco Central de Venezuela (BCV); el gobierno asegura haber logrado la meta de controlarla y ha atribuido a las sanciones de EEUU la situación económica y de los servicios básicos.
De acuerdo con el gobierno Venezuela, el año pasado tuvo “el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe” y proyectan un crecimiento del Producto Interno Bruto del 8 % en 2024.
España precisó, además, que la desigualdad no está a los niveles de años como 2017 o 2022, cuando el país se consideró el más desigual de la región, pero sigue siendo uno de los mayores problemas.
“En la edición 2023 el índice de Gini es de 51 (…) el 10 % más pobre del país tiene un ingreso per cápita de 10 dólares al mes; podríamos estar hablando de 40 dólares por grupo familiar. El percentil más alto, el grupo familiar podría tener unos 700 dólares en promedio al mes, la diferencia es unas 30 veces, pero alguna vez eso ha estado en una diferencia de 60 veces”, explicó el investigador.
Vulnerabilidad
Los servicios básicos (agua, electricidad, entre otros), con un 26 %, es la dimensión que más vulnerabilidad está causando en los hogares venezolanos, de acuerdo con el índice de vulnerabilidad expuesto en la ENCOVI. Le siguen la salud y alimentación, la falta de ingresos, la protección y seguridad social y la educación.
Los niveles de vulnerabilidad, según el estudio, pasaron del 66 %, en 2021 al 53% en 2023, una tasa que, de acuerdo con España, continúa siendo “alta”.
“Hay una evidente correlación entre los grados de vulnerabilidad en todas esas dimensiones y la condición socioeconómica de las familias. Evidentemente El 78 % de la vulnerabilidad severa o moderada se concentra en los deciles de más bajos ingresos”, afirmó.
Un estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), efectuado en 2023 revela que la falta de acceso constante al suministro de agua ha llevado a que el 92,3 % de los consultados en 12 ciudades del país opten por almacenar agua para atender sus necesidades. El 54,7 % de los encuestados indicó que percibieron una o más interrupciones eléctricas al día en sus hogares.
Respecto a la seguridad alimentaria, el investigador sostuvo que, en general, se han registrado mejoras. En marzo del 2020 el 34,3 % de los consultados dijo no haber comido en todo el día; ese dato se redujo al 12,2 % en 2023.
Otros hallazgos
Sobre la demanda potencial de educación y nivel de cobertura, de acuerdo con la ENCOVI, en 2023 la población escolarizada de 3 a 24 años registró una recuperación a nivel pre-pandemia, pero el ritmo de crecimiento fue inferior al de la demanda potencial.
El 60 % de la población asiste regularmente a clases con normalidad y un 40 % lo hace de manera irregular. Las inasistencias, según ENCOVI, obedecen en un 30 % a huelgas de personal docente, un 18 % a inasistencias de personal docente, un 19 % de las faltas son por enfermedad, un 10 % a falta de comida en el hogar o escuela y un 14 % por fallas de servicios públicos.
Respecto a la migración internacional, la encuesta captó algunos cambios en los flujos migratorios de venezolanos, debido a las crisis migratorias y políticas en países de la región y un clima social adverso, por ejemplo, casos de xenofobia y endurecimiento de medidas de permanencia.
La investigación halló que, si bien Colombia y Perú siguen siendo los principales receptores de población venezolana, se está produciendo una menor concentración. Chile se posiciona como el tercer país receptor y hubo un aumento de aquellos que están viviendo en EEUU y España.
“La migración reciente venezolana tuvo un alto componente masculino y ahora está teniendo un componente importante femenino que tiene que ver con los procesos de agrupación familiar”, detalló Anitza Freitez, investigadora de ENCOVI.
La ENCOVI, que abarcó 16.212 hogares, presentó diversas propuestas, entre ellas políticas públicas de empleabilidad y emprendimiento para la mujer, capacitación y empleo juvenil, intervención sobre el entorno comunitario, redefinición de los programas de protección social, reformas urgentes en la prestación de servicios sociales y coordinación y cooperación internacional en zonas vulnerables.
