Venezuela: Más de 4.000 muertes violentas están en «caja negra», no fueron investigadas en 2023

Venezuela: Más de 4.000 muertes violentas están en «caja negra», no fueron investigadas en 2023

De 6.973 muertes violentas en Venezuela, en el año, 58,3% están en “averiguación” de autoría, lo que viola el Protocolo de Bogotá del año 2015, según el OVV

Un total de 4.064 muertes violentas en Venezuela quedaron “en averiguación”, es decir, en “caja negra”, sin que las autoridades determinaran las causas y autores de esos homicidios al cierre de 2023, señala el informe del Observatorio Venezolano de Violencia correspondiente a este año.

Esta cantidad representa el 58,3% del total de 6.973 homicidios reportados en el año y constituye no solo la cifra más alta en la categorización de muertes violentas realizada por el OVV, sino que además sobrepasa 14 veces los estándares intencionales sobre muertes por causas indeterminadas.
“El Protocolo de Bogotá de 2015 establece que este tipo de muertes no deben exceder de 10% de los fallecidos en homicidios por intervenciones policiales, límite establecido como aceptable para esta categoría de muertes violentas a nivel internacional”, señala el informe presentado en Venezuela, este 28 de diciembre.

Muertes sin investigación

Aunque la cifra muertes en averiguación se redujo en 3,7% al bajar de 61,9% en 2022 a 58,3% en 2023, esta puede interpretarse de dos maneras, explica el sociólogo Roberto Briceño-León, director del OVV, especialista en violencia urbana y miembro vitalicio de la Academia de Ciencias de América Latina.

“Una, podría deberse a la incapacidad de investigación y resolución, porque están desbordados, aunque esto contrasta con la actitud de cuando quieren resolver algo”.

“Pero la explicación apunta a no desear que se conozca la verdad de las causas de muerte. Como se ha venido dando desde el pasado, obedecería a una forma de esconder otros tipos de muertes que no quieren ser contabilizadas, como muertes por intervención policial o por acción de las bandas criminales que actúan, y eso se advierte cuando se ve la reducción de muertes por esa categoría y entran en sospecha”.

Venezuela, ¿menos homicidios?

De acuerdo con el OVV, el año 2023 cierra con 6.973 muertes violentas, de los cuales 1.956 son víctimas de homicidios cometidos por delincuentes y 953 fallecidos en acciones de intervención policial, además de las que están en averiguación.

A pesar de que las cifras disminuyeron 25% en su conjunto, en relación con los años 2021 y 2022 (9.447 y 9.367, respectivamente), “la composición interna de las causas de las muertes violentas se mantuvo bastante similar a las observadas en el año 2022”, indica el OVV. Solo las víctimas de homicidios se incrementaron en 3,2 puntos porcentuales al crecer en su participación del 24,9% el año pasado, a representar el 28,1% en este año.

En general, en 2023 hubo un promedio de 581 personas muertas violentamente por mes, 134 por semana y 19 cada día. Las atribuidas a la acción policial fueron en promedio 79 por mes, 18 cada semana, 3 cada día del año. Las dos terceras partes (66%) de las víctimas de homicidios tenían entre 15 y 44 años de edad.

muertes violentas

Criminalidad más que inseguridad

Venezuela, sin embargo, continúa en el ranking de países más violentos de América Latina y se le considera también uno de los más peligrosos. Esto, aunque el primer lugar lo ocupa Ecuador, según el informe.

El Observatorio precisa que los eventos violentos ocurrieron “durante todos los meses del año con un promedio en torno a los 600 por mes”, y que la mayor parte de las víctimas de homicidio, 71%, “no tenían antecedentes policiales, mientras que entre los fallecidos en las intervenciones policiales el 64% sí tenía antecedentes”.

Un aspecto resaltante del informe es las cifras de “desaparecidos”: 1.443 personas en 2023, una tasa de 5,5 por cada cien mil habitantes. “Esta categoría representa una incógnita sobre las reales magnitudes de las muertes violentas que con la poca información disponible resulta imposible de despejar”, advierte.

“En Venezuela puede haber disminuido la percepción de la inseguridad lo que tiene que ver con algunas realidades en el país, pero eso no tiene que ver con la criminalidad que ha mutado y se ha reforzado con las bandas criminales poderosas que generan sensación de seguridad porque controlan territorios, pequeñas pandillas que asimilan o matan, y delitos menores”, explicó Briceño-León.

Otras cifras

El informe también se detalla que el Distrito Capital con 50,8 víctimas y el estado Miranda con 41 tuvieron la tasa de muertes violentas superior a 40 por 100 mil habitantes, lo que las coloca como las entidades más violentas del país, junto a Bolívar (38,5), La Guaira (36,4) y Amazonas (33,4), la tercera y última tierras de minería ilegal.

La tasa de suicidios o muertes autoinfligidas, como se denomina en el informe, es de 8,2 muertes por cada 100 mil habitantes y en los estados andinos, particularmente en Mérida, fue la más elevada, con 15,5 muertes por cada 100 mil habitantes.

Pero la moral de los venezolanos también aumentó, a pesar de la crisis económica que el régimen de Maduro no termina de resolver. El 88% de encuestados manifestó “profundo rechazo moral” a que jóvenes incurran en delitos para salir de la pobreza, mientras que en el restante 12%, una cuarta parte, 3% expresó que sí lo aprobaba y lo justificaba.

FUENTE: Diario las Américas

Esposa del exmilitar venezolano secuestrado en Chile pidió protección a la CIDH

Esposa del exmilitar venezolano secuestrado en Chile pidió protección a la CIDH

En el más completo anonimato, la esposa del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, secuestrado la madrugada del miércoles 21 de este mes desde su departamento en Santiago, llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -dependiente de la OEA- para pedir protección a raíz de este caso que mantiene en alerta a las policías y ha conmocionado al país.

Acompañada de su abogado, la mujer -de iniciales M.C.– presentó una “solicitud de medidas cautelares” a fin de que la CIDH declare su preocupación y exhorte al Estado de Chile a adoptar medidas de seguridad para ella y su familia, según consignó el vespertino La Segunda.

Trascendió que la esposa de Ojeda ya declaró ante los detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre un posible viaje clandestino de su marido a Cúcuta (Colombia) en diciembre, y si se encontraba recaudando fondos para realizar operativos en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Según afirmó un familiar de M.C., actualmente ella se encuentra “segura” y además se le estaría brindando protección especial a una hermana del exmilitar venezolano secuestrado – quien estaba en el departamento la madrugada del plagio – aunque no se tiene claridad si está en el mismo lugar que M.C.

Habla el hermano de Ronald Ojeda

Por su parte Javier Ojeda, hermano de la víctima – de quién aún se desconoce su paradero-, afirmó no estar al tanto de las declaraciones que han dado su hermana y a su cuñada a los investigadores del caso.

“Si yo estoy limitado, ellas están más limitadas”, señaló al respecto Javier Ojeda, quien se desempeña como publicista y vive fuera de Venezuela, aunque no en Chile.

Ojeda afirmó que lo único que sabe hasta ahora es que las visitas que les hacen las mujeres son “más visuales” a fin de constatar de que están bien y agregó que él se las arregla con “una especie de enlace que tenemos” de la Fiscalía, quien “siempre ha dicho que por ahora no tiene información”.

El hermano de la víctima dijo también no tener conocimiento de la solicitud de su cuñada ante la CIDH, y explicó que aunque por ahora no ha hecho nada similar, “quiero a partir de hoy empezar con estos temas… Primero, quiero información, porque no sé cómo funciona nada de esto y tampoco puedo divulgar estas cosas”.

fuente: Infobae

Venezuela: Corte sigue investigando asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones

Venezuela: Corte sigue investigando asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones

La Corte Penal Internacional seguirá investigando presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, luego de que una de sus salas desestimara una apelación del gobierno de Nicolás Maduro a que ese tribunal internacional indague acusaciones de asesinatos, desapariciones, ejecuciones y más.

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) desestimó, por unanimidad, la apelación del Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó continuar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

La investigación abarca, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones antigubernamentales desde abril de 2017.

“La decisión de la Sala de Apelaciones es adoptada por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada”, dijo el juez Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, al leer la sentencia.

La sentencia fue dictada el viernes en una audiencia pública celebrada en La Haya, en presencia de la Fiscalía de la CPI, representantes del Estado venezolano y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV por sus siglas en inglés).

El gobierno del presidente Nicolás Maduro apeló, el año pasado, la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, argumentando que el Estado “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma.También lea Nicaragua y Venezuela encabezan lista negra de Freedom House sobre libertades en 2023

Entre los argumentos expuestos por el Estado venezolano para apelar, figura que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI incurrió en “errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales” del Estatuto de Roma, entre ellos la supuesta desestimación de pruebas que demostrarían la “productiva” labor del sistema de justicia de Venezuela.

Durante una de las audiencias de apelación, la fiscalía de la CPI cuestionó que Venezuela haya demostrado “impacto” en las investigaciones mientras que el canciller venezolano volvió a negar que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en el país.

Durante este tiempo la fiscalía de la CPI ha mantenido sus facultades investigativas debido a que la Sala de Apelaciones negó que hubiera efectos suspensivos sobre las facultades, como pidió el Estado venezolano.

En 2023, durante su tercera visita a Venezuela, el fiscal Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país.

En 2021, la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.

Venezuela rechaza la decisión

El gobierno de Venezuela manifestó su “desacuerdo” con la sentencia de la sala de la CPI y la calificó como una decisión “infundada”.

“El proceso incoado ante la Corte Penal Internacional responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”, precisa un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores el viernes.

De acuerdo al gobierno venezolano, se trata de una “maniobra” construida a partir de un “reducido” conjunto de “delitos” que, asegura, han sido o están siendo “debidamente investigados y sancionados” por las autoridades del país.

Además, sostiene que, como Estado soberano, tiene derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas y, aunque agradece la asistencia técnica de la fiscalía de la CPI, dice que “no es necesario ni apropiado” que “lleve a cabo investigaciones separadas o adicionales”.

Fuente: VOA

Pepe Mujica califica el gobierno de Nicolás Maduro como «autoritario y dictador»

Pepe Mujica califica el gobierno de Nicolás Maduro como «autoritario y dictador»

El expresidente también criticó las palabras de la vicepresidenta de Venezuela, quien dijo que el actual presidente de Uruguay «tiene cara de lacayo». Pepe Mujica señaló al respecto que «así no se puede hablar de los líderes de América».

El expresidente de Uruguay José ‘Pepe’ Mujica aseguró este viernes que Venezuela tiene un Gobierno autoritario y que este «se pasa para el otro lado».

«La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo y se ha sentido cercado. Y tiene un Gobierno autoritario que se pasa para el otro lado. Pero yo aprendí esto: en una plaza sitiada cualquier discrepante es un traidor», dijo a la prensa quien gobernó el país suramericano en el período 2010-2015.

De acuerdo con esto, Mujica fue consultado sobre si en Venezuela hay una dictadura, a lo que respondió: «¿Dónde se origina el concepto de dictadura? Era una decisión del Imperio Romano cuando las papas quemaban. Concentraban el poder y se lo daban a un tipo solo para que mandara. Nada de discrepar ni nada. Orden cerrado, porque en momento de peligro no se puede discutir, tiene que haber uno que mande. Ahí se inventó la figura del dictador».

Y agregó: «En Venezuela hay un Gobierno autoritario. Llámelo dictador, llámelo como quiera».

Por otra parte, Mujica dijo que a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, «se le fue la moto» al decir que el mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, «tiene cara de lacayo».

«Así no se puede hablar de los presidentes de América. No se debe hablar. Hasta por conveniencia y por razones diplomáticas. Se le fue la moto», puntualizó.

Rodríguez pidió este lunes a Lacalle Pou evitar «inmiscuirse» en los asuntos del país caribeño y, en cambio, ocuparse de los problemas de su nación.

La funcionara venezolana usó su cuenta en X para responder a declaraciones ofrecidas la noche del domingo por el mandatario uruguayo, en las que afirmó que el posicionamiento de su nación respecto a la situación venezolana es «claro», porque «rompe los ojos» que en ese país hay «una dictadura».

Fuente: Noticias Caracol

Condena histórica de 30 años a un torturador de la dictadura de Paraguay

Condena histórica de 30 años a un torturador de la dictadura de Paraguay

La justicia de Paraguay condenó a 30 años de cárcel al retirado policía Eusebio Torres Romero por torturas durante la dictadura de del general Stroessner. Un juicio histórico, al ser el primero oral y público contra un torturador de este régimen autoritario, que se prolongó más de tres décadas.

Con el correpsonsal de RFI en Asunción, Santi Carneri.

El paraguayo Carlos Casco no esperaba ya una sentencia contra el policía que le torturó por meses a él, a su hermano Luis y a su esposa María Teresa de Jesús Aguilera cuando estaba embarazada. Aún así los 3 hicieron la denuncia en 2011.

Tampoco esperaba que la condena fuera ejemplar, pero así lo fue tras un juicio histórico, el primero oral y público contra un torturador de la dictadura en Paraguay, el único régimen dictatorial en América que duró 35 años.  

Un Tribunal de Asunción  condenó este martes a Eusebio Torres Romero , de 88 años, a 30 años de cárcel, aunque debido a su edad los cumplirá en su casa, de donde solo podrá salir para asistencia médica. 

Todo un avance, ya que hasta ahora se paseaba impune por el mismo barrio donde viven muchas de sus víctimas: «Él me torturó a mí. Yo sé quién es Eusebio Torres. Es mi vecino», recuerda Guillermina Canonicoff, una de sus víctimas.

«Una de cada tres personas fue torturada»

La dictadura de 35 años del general Stroessner dejó 59 ejecuciones extrajudiciales, 336 desaparecidos, cerca de 20.000 detenciones ilegales y casi 19.000 casos de tortura. En su informe de 2008, la Comisión Verdad y Justicia señaló que «una de cada tres personas fue torturada» en Paraguay.

Sin embargo, los procesos judiciales posteriores a la dictadura fueron pocos. Una decena de policías resultaron procesados por casos de tortura y Stroessner murió impune en 2006 a sus 93 años sin haber sido extraditado de su exilio dorado en Brasil.

Fuente: Rfi