Daniel Orrtega expulsó de Nicaragua a siete sacerdotes católicos que fueron detenidos en las últimas dos semanas.
Trascendió que los religiosos ya fueron recibidos por el Vaticano.
Se repite entonces la historia del obispo Rolando Álvarez.
El prelado se ha convertido en símbolo de la represión contra la disidencia en Nicaragua.
El anuncio oficial de la expulsión de los sacerdotes católicos
La vicepresidenta de Nicragua, Rosario Murillo explicó en una breve declaración ofrecida a los medios oficialistas:
«Ayer miércoles 7 de agosto salieron de Nicaragua hacia Roma siete sacerdotes nicaragüenses, que han llegado bien y han sido recibidos por la Santa Sede».
Daniel Ortega incluyó a sacerdotes católicos entre los objetivos de su represión política.
El régumen sandinista los acusa de respaldar las protestas opositoras de 2018.
Esta persecución ha sido denunciada por la ONU y diversidad de ONG internacionales.
Condenan acciones del régimen
La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más condenó la acción:
“Es un acto que representa una alarmante violación de la libertad religiosa y de derechos humanos en Nicaragua”, dijo en un comunicado.
Aseguran que en menos de dos años se han registrado “51 personas religiosas desterradas”.
La lista incluye a monseñor Rolando Álvarez, y hacen un llamado al respeto pleno de la dignidad.
“La fe no debería ser motivo de persecución, y hoy nos unimos en solidaridad con aquellos religiosos nicaragüenses que han sido forzados a abandonar su hogar y su misión”, dice el Colectivo.
La citada ONG afirma que la lista es más grande, pero que unos se van al exilio por decisión propia y por sus medios.
Estos denunciian asedio y persecución.
“Otros son desplazados, desterrados por el mismo régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin otra opción, como el caso de estos sacerdotes”, aseguran en su comunicado
ONG denunció 130 violaciones de derechos humanos a presos en Cuba durante julio 2024.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas hizo el informe divulgado a los medios de prensa.
Explica la organización que las violaciones se produjeton en los días previos y posteriores al aniversario de las protestas del 11J.
Arremetida contra los presos en Cuba
Los hechos documentados ocurrieron contra 94 reclusos en prisiones cubanas, dijo la organización
La ONG detalló que entre las estrategias de castigo aplicadas a los reos figiraron:
Traslados transitorios hacia otras provincias,
Envíos a celda de castigo,
Prohibición del uso de ropa blanca o negra.
Amenazas.
Los castigos se centraron en los presos que hicieron huelga de hambre para conmemorar el 11j o para evitar cualquier protesta.
Las 130 denuncias estás discriminadas de la siguiente forma:
108 implican alguna forma de acoso u hostigamiento hacia los reclusos.
42 se refieren a situaciones de salud y deficiente atención médica, 1
15 a procesos penales y administrativos,
12 a golpizas y torturas físicas y
11 a traslados dentro de los establecimientos penitenciarios u otras cárceles.
Además, el centro también documentó otros 27 tipos de violaciones a los derechos de los prisioneros, sancionadas en instrumentos internacionales.
Entre los reclusos que fueron víctimas de mayor cantidad de acciones de hostigamiento están:
Maikel Puig Bergolla (Prisión de Quivicán)
Melena del Sur, Mayabeque),
Carlos Michael Morales Rodríguez (Prisión de Guamajal, Villa Clara),
Roberto Pérez Fonseca (Prisión de Quivicán y Prisión de Ganuza, Mayabeque)
Onaikel Infante Abreu (Combinado del Este).
Las denuncias corresponden a 40 centros penitenciarios de 14 provincias de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud.
Las provincias con mayor cantidad de eventos registrados fueron:
La Habana, con 30;
Camagüey, con 21
Mayabeque, con 14.
Entre las cárceles, el Combinado del Este en La Habana, con 18; la prisión de Guanajay en Artemisa, con 8; la Prisión Provincial de Las Tunas, con 7; y la prisión de Quivicán, en Mayabeque, también con 7.
Cinco presos políticos fueron sentenciLa coordinadora jurídica Caracas de la ONG Foro Penal, Stefanía Migliorini, ados el viernes 9 de agosto a la pena máxima del país.
El máximo castigo judicial en el país asciende a 30 años de prisión.
La información fue ofrecida por la ONG Foro Penal este sábado 10 de agosto en redes sociales.
Las víctimas de la pena máxima
La coordinadora jurídica Caracas de la ONG Foro Penal, Stefanía Migliorini, fue la encargada del anuncio.
Uno de los condenados el dirigente sindical y profesor universitario, Robert Franco, detenido hace cuatro años.
Franco está preso desde el año 2020.
Migliorini informó que también fue sentenciado Darío Estrada y otras tres personas a las cuales se les seguía juicio por esta causa.
Traidores a la patria
La abogada informó que fueron condenados por traición a la patria, asociación para delinquir.
También le endosan homicidio intencional en grado de tentativa.
Explicó la vocera de Foro Penal que fueron condenados sin contar con los elementos de convicción.
El régimen chavista no logró demosttrar que se conocían.
Tampcoo comprobaron que era un grupo organizado que planificaron los delitos señalados.
El génesis de la pena máxima
En horas de la a noche del 26 de diciembre de 2020, el profesor y dirigente sindical Robert Francofue detenido.
La acción se produjo cuando compartía con un grupo de amigos en un parque en el estado Sucre, al oriente.
Familiares y amigos del docente creen que lo apresaron por su postura crítica al régimen de Maduro.
Las autoridades comoenzaron su juicio por su pertenencia a un grupo de la plataforma WhatsApp.
“Operación Continente Americano 2020” era el nombre del mismo y se le acusó del plan conspirativo.
Voceros de los cuerpos represivos aseguraron que los señalados tenían antecedentes en otros actos.
Uno de esos supuestos planes era atentar contra las elecciones legistlativas del año 2020.
Cuatro periodistas fueron imputados en Venezuela por el delito de «terrorismo» en Venezuela.
Los comunicadores detenidos durante las protestas contra el resultado oficial de los comicios presidenciales del 28 de julio.
La denuncia fue formulada este miércoles el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
A través de la red social X, la gremial alertó sobre;
«Un uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo (…), especialmente contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos durante las protestas postelectorales».
Nicolás Maduro imputa a cuatro periodistas por terrorismo
Los cuatro periodistas imputados son:
Los reporteros gráficos Yousner Alvarado (Barinas) y Deisy Peña (Miranda).
El periodista José Gregorio Carnero, de Guárico.
El camarógrafo Paúl León, de Trujillo
El SNTP denunció además que se les prohibió el derecho a un defensor privado.
Este miércoles, el abanderado de la mayor coalición antichavista, Edmundo González Urrutia, exigió «el cese de la persecución» y la liberación de los detenidos.
Entre tanto, el Gobierno reporta 2.229 personas privadas de libertad desde el 29 de julio.
Las autoridades les acusan de actuar con «violencia» y causar daños a siitios públicos y particulares.
Sin embargo, es extensa la lista de otros delitos.
Un patrón que cumple el régimen chavista
El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijoque la «gran mayoría» de los detenidos durante las protestas son acusados de «terrorismo».
Himiod sostiene que es «patrón claro» que identificó la ONG.
Tras diez días de haberse celebrado los comicios, el ente electoral no ha publicado las actas que certifican la victoria de Maduro, como indica la normativa legal.
En contraparte, la oposción divulgó «el 83,5 %» de estos papeles, que muestran, según la oposición, que González Urrutia ganó por amplio margen.
