El régimen comunista de Cuba no perdona ni a los menores de edad de ser presos políticos.
La ONG Prisoners Defenders informó que aumentó la cifra de presos políticos en la isla y el reporte incluye adolescentes.
El alza de detenidos se da en el marco del tercer aniversario del 11J, las masivas protestas contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel.
En su balance correspondiente a julio, la organización detalló que los presos políticos en Cuba suman ya 1.119.
Son, en total, tres más que al cierre de junio de 2024.
“En el aniversario del 11J, la miseria, la represión de la totalidad del pueblo, el miedo de sus ciudadanos, la persecución de la prensa, la huida del país de miles de ciudadanos cada mes y el dolor de las familias y los presos, todos ellos torturados de las formas más viles posibles en prisión y sin de atención médica o alimentación adecuada, entre otras desgracias, describen la realidad cubana actual”, subrayó el reporte.
Preocupa la cantidad de menores de edad presos en Cuba
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, dijo que “30 de estos 1.119 prisioneros políticos fueron detenidos siendo menores», indica Infobae.
«Son 29 chicos y una chica. 28 de ellos aún cumplen sentencia y dos siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna.15 de estos menores ya han sido condenados por sedición, con una pena media de cinco años de prisión”, apunta Larrondo.
Explicó además que 119 mujeres, incluyendo menores y dos de género trans, sufren condenas políticas y de conciencia.
«Todas las mujeres trans están encarceladas entre hombres”, denunció.
Una salud precaria
Respecto al estado de salud de los presos políticos, indicó que 324 padecen patologías médicas graves y no reciben tratamiento médico.
“Hemos podido confirmar que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica adecuada”, describió.
El informe hizo hincapié en que el régimen desplegó un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes por toda la isla el mes pasado.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció:
Un alarmante incremento de las violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba en julio, mes en el que se conmemoraron tres años de las masivas protestas que sacudieron a la isla.
Daniel Orrtega expulsó de Nicaragua a siete sacerdotes católicos que fueron detenidos en las últimas dos semanas.
Trascendió que los religiosos ya fueron recibidos por el Vaticano.
Se repite entonces la historia del obispo Rolando Álvarez.
El prelado se ha convertido en símbolo de la represión contra la disidencia en Nicaragua.
El anuncio oficial de la expulsión de los sacerdotes católicos
La vicepresidenta de Nicragua, Rosario Murillo explicó en una breve declaración ofrecida a los medios oficialistas:
«Ayer miércoles 7 de agosto salieron de Nicaragua hacia Roma siete sacerdotes nicaragüenses, que han llegado bien y han sido recibidos por la Santa Sede».
Daniel Ortega incluyó a sacerdotes católicos entre los objetivos de su represión política.
El régumen sandinista los acusa de respaldar las protestas opositoras de 2018.
Esta persecución ha sido denunciada por la ONU y diversidad de ONG internacionales.
Condenan acciones del régimen
La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más condenó la acción:
“Es un acto que representa una alarmante violación de la libertad religiosa y de derechos humanos en Nicaragua”, dijo en un comunicado.
Aseguran que en menos de dos años se han registrado “51 personas religiosas desterradas”.
La lista incluye a monseñor Rolando Álvarez, y hacen un llamado al respeto pleno de la dignidad.
“La fe no debería ser motivo de persecución, y hoy nos unimos en solidaridad con aquellos religiosos nicaragüenses que han sido forzados a abandonar su hogar y su misión”, dice el Colectivo.
La citada ONG afirma que la lista es más grande, pero que unos se van al exilio por decisión propia y por sus medios.
Estos denunciian asedio y persecución.
“Otros son desplazados, desterrados por el mismo régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin otra opción, como el caso de estos sacerdotes”, aseguran en su comunicado
ONG denunció 130 violaciones de derechos humanos a presos en Cuba durante julio 2024.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas hizo el informe divulgado a los medios de prensa.
Explica la organización que las violaciones se produjeton en los días previos y posteriores al aniversario de las protestas del 11J.
Arremetida contra los presos en Cuba
Los hechos documentados ocurrieron contra 94 reclusos en prisiones cubanas, dijo la organización
La ONG detalló que entre las estrategias de castigo aplicadas a los reos figiraron:
Traslados transitorios hacia otras provincias,
Envíos a celda de castigo,
Prohibición del uso de ropa blanca o negra.
Amenazas.
Los castigos se centraron en los presos que hicieron huelga de hambre para conmemorar el 11j o para evitar cualquier protesta.
Las 130 denuncias estás discriminadas de la siguiente forma:
108 implican alguna forma de acoso u hostigamiento hacia los reclusos.
42 se refieren a situaciones de salud y deficiente atención médica, 1
15 a procesos penales y administrativos,
12 a golpizas y torturas físicas y
11 a traslados dentro de los establecimientos penitenciarios u otras cárceles.
Además, el centro también documentó otros 27 tipos de violaciones a los derechos de los prisioneros, sancionadas en instrumentos internacionales.
Entre los reclusos que fueron víctimas de mayor cantidad de acciones de hostigamiento están:
Maikel Puig Bergolla (Prisión de Quivicán)
Melena del Sur, Mayabeque),
Carlos Michael Morales Rodríguez (Prisión de Guamajal, Villa Clara),
Roberto Pérez Fonseca (Prisión de Quivicán y Prisión de Ganuza, Mayabeque)
Onaikel Infante Abreu (Combinado del Este).
Las denuncias corresponden a 40 centros penitenciarios de 14 provincias de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud.
Las provincias con mayor cantidad de eventos registrados fueron:
La Habana, con 30;
Camagüey, con 21
Mayabeque, con 14.
Entre las cárceles, el Combinado del Este en La Habana, con 18; la prisión de Guanajay en Artemisa, con 8; la Prisión Provincial de Las Tunas, con 7; y la prisión de Quivicán, en Mayabeque, también con 7.
La ONG Justicia 11J de Cuba publicó un informe referido a los actos de violencia contra familiares de presos políticos.
Entre el 1 de marzo de 2023 y el 30 de junio de 2024, la organización registró al menos 250 eventos de este tipo.
De esa cifra, 235 corresponden a los patrones del hostigamiento y la represión.
La organización Justicia 11J está dedicada al seguimiento y denuncia de las detenciones por motivos políticos en Cuba.
Los ataques a familiares de presos políticos
Con los datos disponible y luego de conversar con más de 80 víctimas, Justicia 11J identificó:
«La prevalencia de incidentes de violencia, el comportamiento de la Seguridad del Estado como agente principal de la victimización, la tendencia hacia la prevalencia de las mujeres en el rol de cuidadoras, la práctica de la violencia contra grupos vulnerables, así como la proporcionalidad en la búsqueda de la justicia, entre comunidades donde residen más familiares hostigados, a la vez que más personas presas políticas».
Los eventos se distribuyeron de la siguiente manera:
162 de ellos la entidad represora fue la Seguridad del Estado.
105 fue la Policía Nacional Revolucionaria (PNR),
65 de estos incidentes, «los agentes comisores de las infracciones pertenecen a otras instituciones».
Sobre este último punto, la ONG menciona:
El sistema penitenciario,
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA),
Civiles a nombre del Estado, el sistema educativo,
El sistema judicial, entre otros», refirió Justicia 11J y aclaró que, como ya es costumbre en el sistema represivo cubano, «en un mismo evento puede haber más de una institución implicada».
Adicionalmente el informe denuncia:
«Los incidentes de hostigamiento incluyeron diferentes variantes de acoso, limitaciones a la comunicación, obstáculos a la visita, regulaciones de la salida del país, citaciones a interrogatorios, descréditos, amenazas, sitios policiales, detenciones, violencia física y represión a protestas, así como salidas al exilio e inicios de huelgas de hambre como vía para reclamar la libertad de los seres queridos».
Gobierno de Nicaragua detiene a más sacerdotes católicos.
Se trata de Ulises René Vega Matamoros y Edgar Sacasa, vicario judicial y vicario pastoral, respectivamente, de la diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua.
La detención estuvo a cargo de la Policía Nacional este jueves, 1 de agosto.
La medida se concreta en medio de tensiones entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica.
El servicido informativo de DW en español explica que la denuncia la hizo el sacerdote exiliado Edwin Román y la prensa local.
Persecución de sacerdotes católicos
El párroco exiliado Edwing Román, muy crítico con el Gobierno sandinista, dijo a través de la red social X:
«La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprovechan la atención mundial sobre Venezuela para encarcelar a (dos) sacerdotes en Nicaragua, y continuar (la) persecución a la Iglesia Católica, en medio del silencio cómplice y la falta de valentía por predicar genuinamente el Evangelio».
El portal nicaragüense República 18 indicó que el sacerdote Vega Matamoros, tiene las siguientes responsabilidades:
Vicario judicial.
Responsbale pastoral familiar de la diócesis de Matagalpa.
Párroco de la iglesia San Ramón; en tanto Sacasa,.
Vicario pastoral de esa misma diócesis, es cura de la parroquia San Isidro.
La detención de esos sacerdotes ocurrió el mismo día en que se iniciaron en Managua las fiestas populares en honor a Santo Domingo de Guzmán
Se trata de una de las pocas actividades religiosas y tradiciones autorizadas por las autoridades de Nicaragua a salir a las calles.
Sin embargo, se hace bajo la coordinación de la Alcaldía capitalina, gobernada por los sandinistas, y la Policía Nacional.
De momento ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones.
Especialistas explican que estas instancias no suelen pronunciarse sobre estos temas.
