Corte Penal Internacional dicta órdenes de arresto contra altos jerarcas rusos por crímenes en Ucrania
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó órdenes de arresto contra el ex ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov.
¿El motivo? Crímenes de guerra y lesa humanidad entre octubre de 2022 y marzo de 2023 por la invasión rusa a Ucrania.
La decisión corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que aprobó las órdenes de detención, informó El Mundo
El señalamiento de la Corte Penal Internacional
La instancia responsabiliza a Shoigú y Guerásimov. de «dirigir ataques a objetivos civiles y por causar daños colaterales excesivos a civiles y objetos civiles».
Son crímenes de lesa humanidad por «actos inhumanos» definidos en Estatuto de Roma.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó a la Sala la aprobación de estas órdenes de arresto.
Señala a los altos cargos de ser presuntos «responsables a nivel penal» de haber cometido esos actos criminales.
Agrega que ordenaron su comisión y no ejercieron el control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando para evitar la comisión de esos crímenes.
«Existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana», apunta la CPI.
El período del terror
Desde octubre de 2022 a marzo de 2023, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo «un gran número de ataques contra numerosas plantas de energía eléctrica y subestaciones en múltiples localidades» de Ucrania.
La Sala también ve «motivos razonables» para creer que:
«Los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetos civiles y que para aquellas instalaciones que podrían haber calificado como objetivos militares en el momento relevante, el daño colateral esperado a civiles y bienes civiles habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada».
Además, denunció que «la presunta campaña de ataques constituye un curso de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal».
Lo anterior hace creer que los sospechosos «causaron intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física, siendo así responsables penalmente del crimen de lesa humanidad».
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