Por Web Master | Jul 14, 2024 | Venezuela
La dictadura chavista que lidera Nicolás Maduro en Venezuela parece entrar en fase de enajenamiento mental.
El régimen socialista diversifica sus métodos para aterrorizar a la sociedad.
En medio de la campaña electoral inventa nuevos «delitos» contra los ciudadanos,
Mientras más contundentes son las encuestas contra Maduro, peor es la represión.
Dictadura chavista no quiere que restaurantes y hoteles antiendan a la verdadera oposición
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia son la fórmula de la verdadera oposición de Venezuela.
El resto de los candidatos son llamados en Venezuela «alacranes».
Es una forma de decir que no son verdaderos opositores sino agentes del chavismo.
Sólo contra Machado y González van las medidas de persecución y asedio.
No se conoce ninguna acción contra Brito, Ecarri, Fermín, Martínez, Bertucci y el resto.
La nueva modalidad represiva es hasta insólita: atacar a restaurantes y hoteles que prestan sus servicios a María Corina Machado y Edmundo González en sus recorridos.
Seniat y Fiscalía arremeten
La dictadura chavista ha encontrado en el órgano tributario venezolano (SENIAT) un novedoso instrumento represivo.
Desde antes de comenzar la campaña electoral y ya en el desarrollo de la misma, el Seniat «visita» locales que han dado atención a María Corina Machado y Edmundo González.
No importa si se trata de un modesto comedero en un remoto pueblo, regentado por gente humilde, la mano represiva del chavismo actúa.
Lo mismo ocurre con posadas y hoteles sencillos. Lo imporante es dejar sentir el terror.
El Seniat aprovecha cualquier excusa para multar o cerrar cada establecimiento.
¿El delito? Darle atención a Machado, González y su equipo de camppaña.
Dictadura chavista arremete en Táchira
Un empresario que hospedó en su vivienda a la líder opositora María Corina Machado durante su gira por el estado Táchira, en el suroeste de Venezuela, fue detenido.
La meddida se concretó en horas de la tarde del jueves 11 de julio, denunció el abogado y defensor de DDHH, Omar Mora Tosta.
“El empresario Ricardo Albacete Vidal perseguido por dar albergue en su casa a @MariaCorinaYA en Táchira. Le allanaron su empresa y propiedades hoy en el interior. Fue detenido arbitrariamente esta tarde en CCS. A esta hora en Sebin Helicoide y PNB, no hay información. Desaparecido”, escribió Mora Tosta en su cuenta en X.
El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó este viernes el arresto de Albacete por, según dijo, almacenar en su propiedad material estratégico del Estado para supuestamente atentar contra el sistema eléctrico venezolano.
Por Web Master | Jul 5, 2024 | Venezuela
El régimen chavista hace «razzia» con 15 detenidos de oposición en el comienzo de la campaña electoral de Venezuela.
La información fue ofrecida por la ONG Foro Penal sobre la jornada del jueves 4 de julio,
Esa fecha fue el arranque oficial de la campaña electoral presidencial venezolana.
Los 15 detenidos son todos de Edmundo y María Corina
Un total de 10 candidatos presidenciales compiten para los comicios del 28 de jullo.
De ese total, sólo Edmundo González Urrutia es verdaderamente opositor.
El exdiplomático de 74 años recibe el apoyo directo de María Corina Machado.
La fundadora de Vente Venezuela ganó las primarias, pero el régimen la inhabilitó.
Casualmente, el socialismo chavista sólo persigue a dirigentes ligados a González y Machado.
Nunca, en estos meses, ha apresado a ciudadanos de diverso nivel de responsabilidad.
Seguidores o funcionarios del chavismo o los llamados «alacranes» no tienen ningún tipo de presión.
Habla el Foro Penal
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, indicó en X que los 15 detenidos estaban vinculados a los actos de campaña electoral en cuatro estados.
En Táchira hubo cuatro detenciones, tres en Miranda (Guarenas), cuatro en Lara y cuatro en Nueva Esparta. Todos ya fueron liberados, confirmó Himiob sin dar nombres ni mencionar afinidad política.
Algunos de los detenidos estaban encargados de los camiones y equipos de sonido, todavía retenidos, de los actos de campaña en Lara, Nueva Esparta y Táchira, destacó.
15 detenidos con miembros de Voluntad Popular
Voluntad Popular denunció el jueves que sus militantes Ignacio Monique y Aldo Rosso fueron detenidos.
Los dirigentes se dirigían al acto de campaña del opositor Edmundo González Urrutia en Caracas.
La periodista Maryerlin Villanueva reportó la detención en Táchira de Marcos Dugarte y Elizabeth Verdu.
Ambos son miembros del partido Un Nuevo Tiempo.
La organización Laboratorio de Paz agregó en un reporte la detención en el Tocuyo, Lara, de José Francisco Pérez Yépez, conductor del camión de sonido en un acto de la oposición.
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) alertó recientemente que la política de persecución y criminalización en Venezuela se recrudece cuando la permanencia en el poder del gobierno se ve amenazada, como ocurre durante los procesos electorales.
Por Web Master | Jul 5, 2024 | Venezuela
Denuncian nuevas detenciones del régimen chavista de Nicolás Maduro contra opositores.
Estas abitrariedades dictatoriales ocurrieron apenas comenzada la campaña electoral venezolana.
El´partido opositor Voluntad Popular reportó la detención de dos de sus dirigentes el jueves.
El atropello se produce contra Ignacio Monique, responsable del partido en el municipio Plaza, estado Miranda, y Aldo Rosso, responsable municipal en la parroquia El Valle.
Maduro no esperó ni el inicio oficial dela campaña
«Aún no ha comenzado la actividad de nuestro candidato unitario y ya el régimen comienza a arremeter contra activistas que promueven el cambio político mediante el voto en nuestro país. ¿Qué clase de garantías nos están permitiendo tener en esta campaña?», escribió el partido político en X.
Voluntad Popular pidió a la comunidad internacional, especialmente a los países garantes del Acuerdo de Barbados, hacer todo lo posible para poner fin «a esta táctica macabra que solo cobra la libertad de personas inocentes».
«¡Ya basta de criminalizar el activismo político!», manifestaron.
Van 46 detenidos en la precampaña
El 28 de junio, la ONG Acceso a la Justicia denunció que 46 personas vinculadas a las elecciones presidenciales han sido detenidas en lo que va de año.
Todas las víctimas están relacionadas con la campaña del verdadero candidato opositor: Edmundo González Urrutia.
La ONG computó los casos de detenciones arbitrarias, inhabilitaciones de opositores y otros hechos que consideran que forman parte de la persecución política contra la candidatura de la PUD.
Del total de arrestados, 18 forman parte del partido Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado.
El resto pertenece a otras organizaciones antichavistas o simpatizan con la candidatura de González Urrutia.
Por Web Master | Jun 30, 2024 | Venezuela
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó un nuevo Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela.
El documento concluye que los venezolanos «continuaron enfrentándose a importantes desafíos para ejercer y disfrutar de sus derechos».
El reporte se centró en los más recientes acontecimientos relacionados con la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a un medio ambiente sano, el estado de derecho y el espacio cívico.
Los derechos humanos en Venezuela y sus distintas áreas
También evaluó el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes formuladas anteriormente por la OACNUDH al Estado venezolano.
En este sentido, el organismo indica de manera textual:
«Los desafíos económicos reportados como la alta inflación y la devaluación de la moneda venezolana, el bolívar, persistieron y continuaron restringiendo el poder adquisitivo, afectando desproporcionadamente a los grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad».
El documento destaca el estancamiento, desde marzo de 2022, del salario mínimo oficial, que a la fecha se sitúa en unos $ 3,61 mensuales de acuerdo a la tasa oficial.
Precaria remuneración
«Esto también reduce efectivamente las pensiones y contribuye al aumento de los niveles de pobreza y a la falta de acceso a productos esenciales«.
La OACNUDH recordó al Estado venezolano que «el criterio mínimo de remuneración incluye salarios justos que aseguren la garantía de una vida digna para los trabajadores y sus familias».
El espacio cívico-político en los derechos humanos en Venezuela
La OACNUDH expresó su preocupación por diversos incidentes ocurridos en el país, y que contribuyen a «inhibir el derecho a participar en los asuntos públicos«.
La institución pone énfasis en la detención de dirigentes y militantes de partidos de oposición en el marco del período pre-electoral.
Tamnién alerta sobre las denuncias de actos de persecución y hostigamiento luego del re-lanzamiento, a comienzos de año del Plan Furia Bolivariana.
El órfano recuerda en su documento la detención del defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona y la detención.
El caso Rocío San Miguel
La desaparición forzada de la también activista y defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel en febrero de 2024 llama especial atención:
«El ACNUDH expresó su preocupación por la desaparición forzada de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, cuyo paradero fue desconocido durante los cuatro días siguientes a su detención».
Agregan que, «según la información recibida, continúa detenida y aún no ha tenido acceso a una defensa legal de su elección».
La OACNUDH llamó al Estado venezolano a promover un espacio pluralista propicio para el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
A la vez, solicitó establecer garantías para la libertad de asociación, incluidos los sindicalistas y periodistas, y a liberar de manera plena e incondicional a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente.
, «incluyendo personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, asegurando garantías de no repetición», añaden.
Con información de: PROVEA
Por Web Master | Abr 4, 2024 | Venezuela
Hace más de dos décadas, un enfrentamiento entre manifestantes del oficialismo y la oposición cerca del Palacio de Miraflores acabó con la vida de 19 venezolanos, mientras otro centenar resultaron heridos. En esas horas convulsas, donde el gobierno de Hugo Chávez cayó y regresó, quedaron muchos casos sin resolver. El excoodinador de Provea, Marino Alvarado, detalla para El Diario que de las investigaciones abiertas por los hechos de Puente LLaguno, solo ha reinado la politización y la impunidad.
Solo bastaron 72 horas para que la historia contemporánea de Venezuela cambiara su rumbo de forma drástica. El 11 de abril de 2002, la sangre de varios venezolanos corrió por las calles del centro de Caracas. Una multitudinaria marcha de la oposición se dirigía al Palacio de Miraflores para protestar contra el entonces gobierno de Hugo Chávez. Allí, otro grupo, esta vez de simpatizantes del oficialismo, se concentró en los alrededores para apoyar al presidente. El encuentro entre ambas manifestaciones polarizadas cerca del Puente Llaguno se convirtió en un choque directo. Insultos entre consignas, enfrentamientos, disparos. Más de una decena de muertos y un centenar de heridos.
Aquella masacre fue el resultado de una cadena de eventos en los que se fue acumulando cada vez más la presión. El 13 de noviembre de 2001, Chávez usa su decreto habilitante para aprobar un paquete de 49 leyes con un impacto brutal sobre la economía. Reformas en la Ley de Hidrocarburos, la de Puertos y la de Pesca, entre otras. También la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que le dio al Estado el poder para expropiar cualquier terreno que considerara muy grande o subutilizado. Meses después, el 7 de abril de 2002, con el soplido de un silbato, el mandatario disolvió la junta directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en plena cadena nacional.
Imagen de la marcha opositora el 11 de abril de 2002. La concentración original había sido a la sede de PDVSA en Chuao, pero luego se movilizó hacia el Palacio de Miraflores. Foto: Cortesía
Como consecuencia de estas acciones, organizaciones gremiales como Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) encabezaron una huelga general. Entretanto, la ciudadanía protestaba en las oficinas de PDVSA en Chuao contra la politización de la industria petrolera. El descontento general se manifestó en grandes marchas como la del 23 de enero de 2002, que llevaron a la renuncia del ministro de Interior, Luis Miquilena. Igualmente, el sector militar también se rebelaba cada vez más abiertamente contra Chávez, con oficiales haciendo llamados públicos a promover un cambio político. El 11 de abril, el Alto Mando se opuso a ejecutar el Plan Ávila para reprimir a la población.
Los sucesos del Puente Llaguno dejaron una estela de violencia y pánico en la población. Las protestas se intensificaron y en la madrugada del 12 de abril, el ministro de Defensa, Lucas Rincón, anunció la renuncia del presidente. Mientras Chávez era llevado al archipiélago de La Orchila por un grupo de militares, en Caracas se libraba una batalla política e institucional por el control del país. También hubo otros episodios de violencia y persecución contra los antiguos funcionarios del gobierno. Al final el chavismo, con apoyo de sus seguidores, logró retomar el poder el 13 de abril. Al día siguiente, Chávez volvió a Miraflores con un crucifijo en la mano. Desde entonces, cada día en la historia de Venezuela por los siguientes 20 años sería de todo, menos pacífica.
Causa politizada
Foto: Cortesía
De los hechos del 11 de abril de 2002, el que quedó como un trauma en la memoria colectiva ha sido la masacre de Puente Llaguno. En ese lugar, a pocos metros de Miraflores, estaban reunidos los simpatizantes del chavismo, mientras abajo, en la avenida Baralt, estaban los opositores. Aun años después, determinar lo que sucedió con exactitud resulta una tarea compleja, pues cada bando posee su propia versión.
Un hecho es que a las 2:30 pm se escucharon detonaciones cerca de la estación de Metro de Capitolio y cayó el primer herido en el lado opositor. Más detonaciones, con heridos y muertos, llevaron a los funcionarios de la entonces Policía Metropolitana (PM) a intervenir y abrir fuego al sitio de donde creían que venían los disparos. Comenzaron a caer las primeras víctimas del oficialismo y se inmortalizó la imagen de cuatro pistoleros desde el puente disparando hacia la marcha opositora. Al final, entre confusión y balas cruzadas, murieron 19 personas de ambas tendencias políticas, mientras 127 resultaron heridas.
Foto: Cortesía
Tanto misterio alrededor de Puente Llaguno se debe precisamente al manejo partidista que tuvieron las investigaciones. “El proceso de politizar la administración de justicia frente a los hechos del 11 de abril es la primera gran falla que ha persistido”, declara a El Diario el excoordinador general de la organización de derechos humanos Provea, Marino Alvarado. Indicó que el chavismo, usando su maquinaria propagandística y control sobre los medios de comunicación, ha intentado imponer su narrativa. Prueba de ello son los documentales La revolución no será transmitida (producida en Irlanda) y Puente Llaguno: claves de una masacre. Ambos recibieron fuertes críticas por su parcialidad y por tergiversar hechos para ajustarlos a la versión oficial.
Considera especialmente grave este hecho, al tomar en cuenta que precisamente es el gobierno venezolano el encargado de investigar los crímenes cometidos para procesar a los responsables. “La exigencia de justicia debe ser para todos, y la obligación del Estado es investigar con independencia y eficiencia cada uno de esos hechos que pudieron constituir o grandes violaciones de derechos humanos, o situaciones vinculadas al delito común, pero que dejaron también víctimas que necesitan que se haga justicia”, dice.
Pero no toda la manipulación a nivel mediático ha venido solamente del chavismo. Alvarado aclara que desde la oposición también se politizó la tragedia, lo cual, a su juicio, no ayudó a formar un sentimiento de consenso para hacer justicia. Cita como ejemplo la negativa de varios partidos opositores a reconocer que el 11 de abril hubo un intento de golpe de Estado. Afirma que para avanzar en el esclarecimiento de la verdad, es necesario dejar claro que fue un proceso ilegal y contrario a la Constitución. “Ese es el primer paso que desde el punto de vista institucional debió haber unificado a la sociedad venezolana, para poder asumir otros procesos con transparencia”, asevera.
Los caídos
19 personas murieron durante los hechos de Puente Llaguno. Los conteos señalan que 12 estaban en la marcha opositora, mientras siete eran de la concentración oficialista. Más allá de atribuir más bajas a uno u otro bando, Alvarado recuerda que ese día perdieron la vida personas de ambas creencias políticas, seres humanos antes que cualquier otra etiqueta.
Sus nombres son:
- Juan David Querales, 25 años
- Víctor Emilio Reinoso, 28 años
- Alexis Bordones, 53 años
- Orlando Rojas, 49 años
- Jorge Tortoza, 48 años
- Ángel Luis Figueroa, 29 años
- Jesús Orlando Arellano, 34 años
- José Antonio Gamallo, 45 años
- Jesús Mohamed Espinoza Capote, 18 años
- Erasmo Enrique Sánchez, 60 años
- Pedro Linares, 42 años
- César Matías Ochoa, 38 años
- Nelson Eliézer Zambrano, 23 años
- Rudy Urbano Duque, 38 años
- Josefina Rengifo, 29 años
- Luis Alfonso Monsalve, 55 años
- Luis Alberto Caro, 57 años
- José Alexis González Revette, 47 años
- Jhonnie Obdulio Palencia, 29 años
Impunidad
Foto: Cortesía
Durante el tiempo que Chávez estuvo cautivo en La Orchila, se formó un gobierno interino encabezado por Pedro Carmona Estaga, quien era el presidente de Fedecámaras. Esto violó el principio constitucional de sucesión presidencial, que establecía que correspondía al entonces vicepresidente, Diosdado Cabello. No fue sino hasta el 13 de abril, cuando ya se había recuperado el control del país, que Cabello se juramentó temporalmente ante la Asamblea Nacional, como dicta la ley, mientras Chávez regresaba en helicóptero.
Alvarado insiste en que ambos bandos tuvieron responsabilidad en lo ocurrido en el golpe de Estado fallido. Afirma que, además del asesinato de manifestantes, tanto el gobierno chavista como el interinato de Carmona cometieron violaciones de derechos humanos durante esas 72 horas. “Se produjo una impunidad de lado y lado”, asegura. Esto debido a que el entonces fiscal general, Isaías Rodríguez, no manejó las investigaciones con la celeridad e imparcialidad que ameritaba.
Foto: Cortesía
“Hubo muy poca investigación de los casos y se establecieron muy pocas responsabilidades. Hubo detenciones arbitrarias a las que se sumaron prácticas de tortura que tampoco fueron investigadas. Se produjeron allanamientos sin orden judicial y con gran violencia que tampoco fueron investigados. Hubo denuncias que nunca fueron procesadas ni canalizadas”, explica.
De acuerdo con el Foro Penal, se abrieron 79 investigaciones por los hechos del 11 y 12 de abril, de las cuales solo cuatro llegaron a juicio. Sin orden judicial, en los días sguientes detuvieron a los comisarios de la PM Lázaro Forero y Henry Vivas, además del secretario de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovis. A los tres se les sentenció a la pena máxima de 30 años de prisión por presuntamente ordenar abrir fuego contra la concentración chavista. También condenaron a penas de 16 a 30 años a ocho funcionarios de ese cuerpo policial. De los otros presuntos tiradores, muchos fueron liberados o absueltos. De algunos incluso nunca se supo su identidad.
Beneficiados por el sistema
Imagen de los cuatro pistoleros del puente Llaguno. Foto: original Venevisión
Muchas de las investigaciones quedaron en el aire, principalmente cuando involucraron al oficialismo. Un caso es el de los denominados “pistoleros de Puente Llaguno”. Cuatro personas dentro de la marcha chavista fueron captadas por las cámaras de Venevisión disparando desde el elevado, siendo una de las imágenes más emblemáticas de ese día. Aunque en un principio se dijo que fueron quienes iniciaron el ataque, actualmente la versión oficial afirma que respondían al fuego de la PM, mientras los primeros disparos vinieron de otro lado. En todo caso, muchos reconocieron años después que, aun en defensa propia, apuntaron a los civiles opositores.
Las autoridades arrestaron a Richard Peñalver, Rafael Cabrices, Henry Danilo Atencio, Nicolás Eduardo Rivera Muentes por ese altercado. De acuerdo con el portal El Estímulo, se les imputaron los cargos de porte ilícito de arma de fuego, intimidación pública y resistencia a la autoridad. Nunca se investigó (o al menos no se les acusó) si alguna de sus balas llegó a herir o asesinar a alguna persona. En septiembre de 2003, el tribunal absolvió a Cabrices y Rivera, mientras Peñalver y Atencio recibieron libertad condicional. El 30 de agosto de 2005, Cabrices falleció y su velorio fue en el mismo puente desde donde disparó. Durante el acto, en una suerte de homenaje, Chávez dijo: “Ha muerto un patriota”.
Por su parte, Peñalver tuvo como abogado defensor a Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al régimen de Nicolás Maduro. Un hecho irregular, ya que precisamente Moreno fue el juez que dictó la orden de captura contra Simonovis y los comisarios de la PM. Peñalver y Atencio salieron en libertad en enero de 2008, luego de que Chávez firmara un decreto de amnistía a los involucrados en los hechos del 11 de abril, y en el que deliberadamente se excluyeron a figuras como los policías de la PM o al propio Carmona Estanga.
Foto: Cortesía Caracas Chronicles
Luego de eso, Peñalver tuvo una vida política como concejal de Caracas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2011. En 2015, el entonces gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, le otorgó la Orden Casa Fuerte en su primera clase. El pistolero huyó de Venezuela en 2018 y pidió asilo en España, el cual le fue negado.
Al igual que los cuatro de Puente Llaguno, otros pistoleros también resultaron sospechosamente favorecidos por la justicia. Tras dos años prófugos, en 2004 capturaron a Amílcar Carvajal, José Ávila Salazar y Miguel Alfredo Mora. Eran los principales sospechosos del asesinato del periodista Jorge Tortoza. Los tres fueron juzgados en libertad y recibieron medidas cautelares apenas 48 horas después de su sentencia. Esto a pesar de que en el caso de Carvajal, su propio abogado defensor lo reconoció en varios videos y fotografías donde aparecía disparando.
En los documentales promovidos por el oficialismo también se suele hablar sobre francotiradores dispuestos en varios puntos de la avenida Baralt, y que presuntamente fueron los responsables de los primeros disparos. Esto a partir de testigos que afirmaron haberlos visto en las azoteas de los hoteles Ausonia y Edén. Pues el 15 de mayo de 2002, la Asamblea Nacional presentó un informe del jefe de la Casa Militar, Almidien Ramón Moreno. Allí se daba cuenta de la detención de 10 sospechosos el 11 de abril, tres por un grupo de ciudadanos que los entregaron a Casa Militar, y siete capturados por los militares en el Ausonia. Todos fueron llevados al Ministerio Público y liberados poco después, ante una aparente falta de pruebas.
Chivos expiatorios
Foto: Cortesía
Un destino contrario al de Richard Peñalver o Amílcar Carvajal tuvieron los funcionarios de la PM sentenciados. Por un lado, estuvieron Simonovis, Vivas y Forero como presuntos autores intelectuales, al ser quienes dieron las órdenes. Por el otro, los oficiales Marcos Hurtado, Rafael Neazoa López, Erasmo Bolívar, Aruve Pérez, Julio Ramón Rodríguez, Luis Enrique Molina, Héctor Rovaín y Ramón Zapata. Acusados de estar presentes en los tiroteos.
Todos fueron sometidos a un largo juicio que duró siete años, y que estuvo minado de irregularidades y retrasos procesales. En total se realizaron 230 audiencias, en las que se citaron a 198 testigos y 48 expertos. También se analizaron miles de fotografías y videos, e incluso se utilizó un fragmento de la película Juegos de Pasión para recrear el presunto momento en que Simonovis y Forero ordenaron disparar. A pesar de que la evidencia técnica y criminalística no arrojó resultados, y los testigos no certificaron la culpa de los acusados, fueron sentenciados el 3 de abril de 2009 por el Tribunal Cuarto Mixto de Juicio del estado Aragua.
Al respecto, Alvarado reconoce que, dado el resultado de los enfrentamientos de Puente Llaguno, es posible que sí hubieran funcionarios de la PM responsables de hechos violentos, pero que es imposible saber si fueron los que finalmente resultaron encarcelados. Afirma que la investigación fue acelerada y altamente politizada, sin pruebas suficientes para determinar su culpabilidad. Lamenta que debido a esto, es posible que hayan estado encarcelados oficiales que nunca tuvieron nada que ver.
”El proceso de los policías metropolitanos estuvo altamente viciado, donde no se les permitió el derecho a la defensa y hubo graves irregularidades en las partes probatorias, y muy posiblemente, algunos de los funcionarios en la cárcel no tuvieron absolutamente nada que ver. Todos al final terminaron siendo víctimas de un sistema de justicia que no les permitió su garantía a la defensa ni debido proceso”, asevera.
En 2012, el exmagistrado de la sala penal del TSJ, Ramón Eladio Aponte Aponte, escribió una carta desde Costa Rica en la que admitió que el presidente Chávez presionó al Poder Judicial para condenar a los funcionarios. Una declaración que luego confirmó el exmagistrado Luis Velázquez Alvaray.
Actualmente, Simonovis reside en Estados Unidos tras escapar de su arresto domiciliario en 2019. Vivas y Forero también recibieron casa por cárcel en 2011 por razones de salud. De los ocho policías, Neazoa y Zapata salieron de prisión en 2009; el primero por resultar absuelto, y el segundo por ya haber cumplido un tiempo mayor a su sentencia. Por su parte, Julio Rodríguez recibió en 2013 medidas cautelares por el estado de su enfermedad. En enero de 2020, excarcelaron a Marcos Hurtado tras cumplir su condena, siendo el único del grupo en recuperar su libertad plena. Aunque en 2020 venció también la de Aruve Pérez, para abril de 2022 sigue detenido en la Cárcel Militar de Ramo Verde, en Los Teques, al igual que Bolívar, Rovaín y Molina.
La herida de abril
Chávez regresando de La Orchila, el 14 de abril de 2002. Foto: Cortesía
Los hechos del 11 de abril de 2002 dejaron una marca en la sociedad venezolana. Aunque las marchas contra el gobierno continuaron ese año y en los siguientes, se recluyeron cada vez más hacia el este de Caracas, bajo el amparo de sus alcaldías. Con el tiempo, el centro de la capital se volvió inaccesible para cualquier tipo de acto político opositor. Un hecho aupado por los traumas de Puente Llaguno y la hostilidad de colectivos oficialistas que se adueñaron de sus esquinas.
Chávez tampoco volvió a ser el mismo después de su viaje a La Orchila. A su regreso al poder, cerró filas a sus piezas más leales, volviéndose cada más intolerante a la disidencia dentro de su gobierno. También intensificó su depuración de las Fuerzas Armadas, seleccionando los ascensos más por afinidad política que por méritos. Igualmente, el 14 de agosto de 2002, el TSJ emitió una sentencia en la que libró de la cárcel a varios generales, al determinar que no hubo insubordinación por negarse a ejecutar el Plan Ávila. Chávez, furioso, ordenó al Parlamento remover a los magistrados, lo que derivó en una nueva Ley del Tribunal Supremo de Justicia. Una que subordinó al Poder Judicial a las directrices de Miraflores.
Mientras tanto, los familiares de las 19 víctimas todavía esperan justicia. Los policías metropolitanos fueron juzgados por la muerte de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano Duque, pero nunca se supo quiénes fueron los asesinos de los otros 17 caídos. Tampoco hubo ninguna medida de reparación. Solo silencios y expedientes archivados. Y cada 11 de abril, las heridas se abren nuevamente con cada discurso político y retransmisión de los documentales oficiales, mientras en las tumbas se colocan flores a aquellos que esa tarde murieron por defender sus ideales.
Fuente: El Diario.
