Por Web Master | Abr 4, 2024 | Venezuela
El régimen de Nicolás Maduro actúa completamente al margen del sistema de derechos humanos, con consecuencias para la ciudadanía venezolana. Ramón Cardozo hace un minucioso recuento.
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), mediante sentencia emitida el pasado 1 de marzo, desestimó la apelación realizada por el régimen de Nicolás Maduro y confirmó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que había autorizado al fiscal Khan a continuar la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante los últimos años.
El régimen de Maduro reaccionó negando que tales crímenes hubieran ocurrido, acusando a la Corte de estar parcializada y de «instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos».
Aumento significativo de las violaciones de derechos humanos
En febrero, Yván Gil, ministro de Exteriores del Gobierno de Maduro, acusó a la oficina técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de ser «el bufete particular de un grupo de golpistas y terroristas». Tras estas declaraciones, suspendió las operaciones de la oficina en Venezuela y ordenó a sus miembros abandonar el país en un plazo de 72 horas.
La medida del régimen respondió directamente a las críticas de la ACNUDH, que había expresado su «profunda preocupación» por la detención arbitraria de la activista y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Estas actuaciones del régimen chavista no son fortuitas, sino que forman parte de un patrón de conducta de resistencia, obstaculización y crítica a la acción y supervisión del sistema internacional de justicia y protección de los derechos humanos en el país. Este patrón se observa desde los inicios del chavismo, en 1999.
El objetivo de esta estrategia es intentar eximir al Estado venezolano y a sus máximas autoridades de sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Lo más grave de este comportamiento es que ha venido acompañado de un aumento significativo de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, tal como lo han venido documentado en sus informes los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Rechazo de decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Desde su creación en el año 2000, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominada por el chavismo, cuestionó, obstaculizó y rechazó de forma sistemática las decisiones condenatorias de instancias internacionales de protección de derechos humanos.
En 2003, la Sala Constitucional se arrogó, mediante sentencia, la potestad de decidir qué tratado internacional y qué decisión de un organismo de protección de derechos humanos se aplicaba en el país. En esa misma oportunidad, estableció que las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) «no son obligatorias” ni para el Gobierno ni para los jueces venezolanos.
En 2008, la Sala Constitucional declaró que las decisiones condenatorias de la Corte IDH en contra del Estado venezolano por violación de derechos humanos eran «inejecutables» y de «imposible cumplimiento» en el país. Bajo este criterio, seis sentencias de la Corte IDH han sido desacatadas por el régimen chavista hasta la fecha, incluyendo las relacionadas con la inhabilitación de Leopoldo López (2011) y el cierre del canal de televisión «Radio Caracas Televisión» (2015).
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU constata una agudización de las violaciones de los derechos civiles y políticos durante los últimos 8 años en Venezuela.
Abandono del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
En 2012, el Gobierno de Hugo Chávez ordenó la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que provocó la retirada de Venezuela tanto de la Comisión como de la Corte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Chávez tildó a estos organismos como instrumentos «podridos» y «degenerados» al servicio de Estados Unidos y en contra de su Gobierno.
La decisión de Chávez generó numerosas críticas por parte de prestigiosos juristas nacionales e internacionales, entre ellos el venezolano Carlos Ayala Corado, expresidente de la Comisión IDH, quien destacó su carácter violatorio de las normas y principios constitucionales relativos a la jerarquía y supremacía constitucional de los tratados sobre derechos humanos y del derecho de petición internacional para el amparo de los derechos humanos.
A pesar de los numerosos requerimientos realizados por diversos órganos y personalidades internacionales en la última década, el régimen de Maduro ha mantenido su negativa al retorno de Venezuela al Sistema.
Obstaculización del trabajo de organismos internacionales
En reiteradas ocasiones durante los últimos 25 años, el régimen chavista se ha negado a cooperar y autorizar la visita al país de relatores y expertos de organismos internacionales de protección de derechos humanos. A partir del año 2002, Hugo Chávez se negó a autorizar las visitas de observación in situ de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De igual forma, Nicolás Maduro, entre 2014 y 2018, período en el que recrudeció la represión estatal contra las protestas ciudadanas, se rehusó a permitir el ingreso al país de los relatores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En su informe de 2018, Zeid Ra’ad, Alto Comisionado para ese momento, se lamentó de la «imposibilidad de acceder al país, la falta de información por parte de las autoridades y los riesgos en cuanto a la protección de las fuentes consultadas».
De igual manera se han quejado los miembros de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, de la ONU, a quienes el régimen de Maduro les ha negado desde el 2019 la autorización para visitar el país.
En su más reciente informe (18.09.2023) al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión señaló que el gobierno venezolano continuó negándose a colaborar con ella, a pesar de que en las resoluciones 42/25, 45/20 y 51/29 del Consejo de Derechos Humanos se instó a las autoridades venezolanas a cooperar plenamente con la Misión, a concederle acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, y a proporcionarle toda la información necesaria para cumplir su mandato.
Incumplimiento de recomendaciones
En abril de 2015, después de 14 años de retraso por parte de Venezuela en la entrega de información al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se pudo realizar el IV Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte del Estado venezolano.
En esa ocasión, el Comité expresó en sus conclusiones su preocupación por 14 temas de derechos humanos en el país y emitió 20 recomendaciones sobre la protección y el respeto de la labor de los periodistas y defensores, la libertad de expresión, la reunión pacífica, el uso excesivo de la fuerza, la tortura, la independencia de los jueces y fiscales y el juicio de civiles en tribunales militares.
En octubre de 2023, tras un nuevo retraso de 4 años en la entrega del informe por parte del Estado venezolano, se llevó a cabo el V Examen. En esta ocasión, el Comité amplió su preocupación a 20 temas de derechos humanos en el país, 12 de los cuales coincidían con los señalados en el examen de 2015.
Esto evidenció la agudización de las violaciones de los derechos civiles y políticos durante los últimos 8 años en Venezuela. También quedó patente el incumplimiento por parte del Estado venezolano de las recomendaciones que el Comité le había hecho en 2015.
El Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos desempeña un papel crucial en la salvaguarda de elecciones justas, transparentes e inclusivas. Las pretensiones del régimen de Maduro de actuar al margen del sistema coloca en una posición muy vulnerable al sector opositor, actualmente mayoritario en el país, y lo expone a graves violaciones de sus derechos fundamentales.
Fuente: Deutsche Welle (DW).
Por Web Master | Abr 4, 2024 | Venezuela
La mitad de la población vive en pobreza multidimensional en Venezuela, donde las personas más pobres ganan 30 o 35 veces menos que quienes tienen mayores ingresos, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida 2023.
La pobreza multidimensional se ubica en un 51,9 % en Venezuela, que continúa siendo uno de los países más desiguales del continente, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), presentada.
ENCOVI
La ENCOVI es un proyecto de equipos técnicos de tres universidades del país, que surgió ante la ausencia de estadísticas oficiales vinculadas con la realidad social y se ha convertido desde el 2014 en una fuente de información “oportuna” para investigadores.
Según la investigación correspondiente a 2023, la pobreza de ingreso sigue siendo uno de los “mayores escándalos” que padece la sociedad venezolana, pero, resalta que, más allá del ingreso, persisten esquemas de carencia que repercuten sobre la calidad de vida de los hogares.
Luis Pedro España, sociólogo e investigador de la ENCOVI, detalló que la pobreza multidimensional se estabilizó en un 51,9 %, en 2023, un 1,4 % más que en 2022. “Hay formas de reducirla por lo menos hasta un 40 % o por lo menos lo que ha sido el nivel estructural de la pobreza en Venezuela que es del 30 o 35 %”, expuso.
Sobre la pobreza de ingresos, que en 2023 fue de un 50,5 %, dijo que es “muy alta” consecuencia de los niveles de inflación y la caída de la productividad en el país.
La inflación en Venezuela cerró en 2023 en un 189,9 %, según el Banco Central de Venezuela (BCV); el gobierno asegura haber logrado la meta de controlarla y ha atribuido a las sanciones de EEUU la situación económica y de los servicios básicos.
De acuerdo con el gobierno Venezuela, el año pasado tuvo “el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe” y proyectan un crecimiento del Producto Interno Bruto del 8 % en 2024.
España precisó, además, que la desigualdad no está a los niveles de años como 2017 o 2022, cuando el país se consideró el más desigual de la región, pero sigue siendo uno de los mayores problemas.
“En la edición 2023 el índice de Gini es de 51 (…) el 10 % más pobre del país tiene un ingreso per cápita de 10 dólares al mes; podríamos estar hablando de 40 dólares por grupo familiar. El percentil más alto, el grupo familiar podría tener unos 700 dólares en promedio al mes, la diferencia es unas 30 veces, pero alguna vez eso ha estado en una diferencia de 60 veces”, explicó el investigador.
Vulnerabilidad
Los servicios básicos (agua, electricidad, entre otros), con un 26 %, es la dimensión que más vulnerabilidad está causando en los hogares venezolanos, de acuerdo con el índice de vulnerabilidad expuesto en la ENCOVI. Le siguen la salud y alimentación, la falta de ingresos, la protección y seguridad social y la educación.
Los niveles de vulnerabilidad, según el estudio, pasaron del 66 %, en 2021 al 53% en 2023, una tasa que, de acuerdo con España, continúa siendo “alta”.
“Hay una evidente correlación entre los grados de vulnerabilidad en todas esas dimensiones y la condición socioeconómica de las familias. Evidentemente El 78 % de la vulnerabilidad severa o moderada se concentra en los deciles de más bajos ingresos”, afirmó.
Un estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), efectuado en 2023 revela que la falta de acceso constante al suministro de agua ha llevado a que el 92,3 % de los consultados en 12 ciudades del país opten por almacenar agua para atender sus necesidades. El 54,7 % de los encuestados indicó que percibieron una o más interrupciones eléctricas al día en sus hogares.
Respecto a la seguridad alimentaria, el investigador sostuvo que, en general, se han registrado mejoras. En marzo del 2020 el 34,3 % de los consultados dijo no haber comido en todo el día; ese dato se redujo al 12,2 % en 2023.
Otros hallazgos
Sobre la demanda potencial de educación y nivel de cobertura, de acuerdo con la ENCOVI, en 2023 la población escolarizada de 3 a 24 años registró una recuperación a nivel pre-pandemia, pero el ritmo de crecimiento fue inferior al de la demanda potencial.
El 60 % de la población asiste regularmente a clases con normalidad y un 40 % lo hace de manera irregular. Las inasistencias, según ENCOVI, obedecen en un 30 % a huelgas de personal docente, un 18 % a inasistencias de personal docente, un 19 % de las faltas son por enfermedad, un 10 % a falta de comida en el hogar o escuela y un 14 % por fallas de servicios públicos.
Respecto a la migración internacional, la encuesta captó algunos cambios en los flujos migratorios de venezolanos, debido a las crisis migratorias y políticas en países de la región y un clima social adverso, por ejemplo, casos de xenofobia y endurecimiento de medidas de permanencia.
La investigación halló que, si bien Colombia y Perú siguen siendo los principales receptores de población venezolana, se está produciendo una menor concentración. Chile se posiciona como el tercer país receptor y hubo un aumento de aquellos que están viviendo en EEUU y España.
“La migración reciente venezolana tuvo un alto componente masculino y ahora está teniendo un componente importante femenino que tiene que ver con los procesos de agrupación familiar”, detalló Anitza Freitez, investigadora de ENCOVI.
La ENCOVI, que abarcó 16.212 hogares, presentó diversas propuestas, entre ellas políticas públicas de empleabilidad y emprendimiento para la mujer, capacitación y empleo juvenil, intervención sobre el entorno comunitario, redefinición de los programas de protección social, reformas urgentes en la prestación de servicios sociales y coordinación y cooperación internacional en zonas vulnerables.
Fuente: Voz de América.
Por Web Master | Abr 4, 2024 | Venezuela
No siempre un escándalo tapa a otro. Cuando hay sospechas de conexión, lo destapa. Es lo que está pasando con el “caso Koldo” y el episodio del llamado “Delcygate” y las maletas de la vicepresidenta en aquella madrugada en Madrid
El “Delcygate”, el caso que hace cuatro años tuvo como protagonista en España a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, podría ser reabierto como parte de una trama movida por millones, mentiras y videos, ingredientes -junto con el sexo, faltaba más- que no deben ser desestimados en cualquier película con aspiraciones de ser taquillera.
Pero esto no es cinematográfico ni mucho menos merecedor de un Oscar. El escándalo que puso a Delcy en la mira de las autoridades europeas es muy real y ha sido retomado por el opositor Partido Popular debido a que, por el lado que lo mira, aparece entrelazado con el denominado “caso Koldo”, un enredo de corrupción que salpica las entrañas del gobierno de Pedro Sánchez, que ya bastante tiene con la presión de sus aliados independentistas.
Los puntos de convergencia del caso Koldo -ahora mismo en plena ebullición- con el Delcygate son varios.
El más notable es que en el reparto de ambos escándalos destacan en plan estelar las mismas figuras: en primer lugar, José Luis Ábalos, hoy puesto al margen de las filas del PSOE, el principal partido de gobierno, y como pieza secundaria, pero clave, su asesor, Koldo García Aguirre.
“La trama Koldo se ha cruzado con el Delcygate al saberse que en ambos casos el propio Koldo acompañó a Ábalos y también estuvo con ellos el comisionista Víctor de Aldama (presidente del Zamora CF), para, presuntamente, cobrar a Venezuela una deuda en nombre de Air Europa”, dijo este martes Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, durante una entrevista con el periodista Carlos Alsina.
Como dato no tan al margen de la relación que percibe el dirigente opositor, vale agregar la reciente detención en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas-Madrid de un guardia civil destinado como diplomático en la Agregaduría de Interior de España en Caracas. El efectivo, identificado como “R” en los expedientes -probablemente de nombre Rubén- es señalado por hacer gestiones para Aldama, quien le pagaba en efectivo. Koldo García ha referido que, a través de la Guardia Civil, había abierto un par de puertas en Venezuela.
El encuentro con Delcy
Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto al ser excluido del PSOE, es el mismo que el 19 de enero de 2020 puso en juego su permanencia en la vida política al reunirse en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta de Nicolás Maduro, quien tenía prohibido poner pie en territorio de cualquiera de los 28 estados miembros de la Unión Europea. El nombre de Delcy fue incluido en 2018 entre la lista de altos cargos sancionados por la violación de derechos humanos en Venezuela.
En aquel momento, Ábalos sobrevivió. La principal acusación que se le hizo al entonces ministro de Fomento -vulnerar la prohibición de la Unión Europea que pesa sobre Delcy- la sorteó con explicaciones, justificaciones y silencios que todavía hoy lucen absurdos.
La vicepresidenta Rodríguez viajaba procedente de Caracas con destino a Turquía en compañía de Félix Plascencia quien en ese momento ocupaba el cargo de ministro de Turismo de Venezuela. En principio, Ábalos aseguró que solo acudió para reunirse con su amigo Plascencia y que su encuentro con Rodríguez había sido apenas una casualidad.
Luego, desde el propio PSOE confirmaron que aunque hubo una conversación entre ambos, no fue formal, sino fruto de esa aparición fortuita. Y hasta afirmaron que Delcy no se había bajado del avión, que el intercambio se había producido a bordo de la aeronave.
Esta explicación buscaba desvirtuar la sospecha de que Delcy había pisado territorio español, lo cual ya había alterado los ánimos de Josep Borrell, compañero de partido de Ábalos y comisario europeo de Exteriores. El conflicto diplomático estaba en puertas.
La pregunta peligrosa
¿Entró la vicepresidenta venezolana en territorio español? Esa era la pregunta que, entonces, ponía en aprietos al Gobierno. Las respuestas, en principio, giraron entre la picaresca y el drama –“fue un saludo forzado, casual y de cortesía”, “un encuentro de 25 minutos”, “evité una crisis diplomática”-, pero luego el Gobierno tuvo que dejar las evasivas y se centró en demostrar que no violó el artículo 6 de la decisión adoptada en 2017 por el Consejo Europeo, según el cual, ante el continuo deterioro de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela, “hay que tomar las medidas necesarias para impedir que los sancionados entren o transiten por territorio europeo”.
A este punto se aferró el Ministerio del Interior Español. Transitar es entrar al país -argumentó- y Delcy no lo hizo. Explicó que la funcionaria pasó la madrugada del 20 de enero de 2020 en una sala VIP, que estuvo bajo custodia de la Policía Nacional, que no llegó a sellar el pasaporte y que luego, en una furgoneta privada, fue trasladada a la T4, donde abordó un vuelo comercial a Doha (Qatar). La sala donde estuvo -dijeron- no es territorio español
En noviembre de 2020, el Tribunal Supremo archivó la investigación contra Ábalos. Consideró que el ingreso de la vicepresidenta en territorio español vulneró los acuerdos de la Unión Europea, pero no lo calificó como delito.
Una decisión parecida tomó la Audiencia de Madrid en abril del 2021, al considerar que no se dio el presunto delito de prevaricación en los casos de los funcionarios por la escala de la vicepresidenta.
Un año y diez meses después del Delcygate, el diario ABC refirió que la vicepresidenta venezolana no estaba enterada de que no podía acceder al espacio Schengen -zona de libre circulación entre los miembros de la UE- y que tenía prevista una apretada agenda para su estancia en Madrid.
Según la nota, ella aseguró que estaba invitada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con quien tenía una reunión pautada. Además, acudiría a una cita con un médico de una clínica madrileña que le habían recomendado, y también quería aprovechar para irse de compras por el barrio de Salamanca, un sector muy pijo -sifrino- de la ciudad que es frecuentado por muchos venezolanos de todas las tendencias.
Videos y euros
Aunque la investigación fue cerrada por el Tribunal Supremo, hay que decir que el juzgado del Delcygate decidió conservar bajo llave las imágenes de Ábalos con ella en Barajas. Los videos, al contrario que las mentiras, fueron declarados piezas de convicción y seguirán guardadas hasta que prescriban los delitos, ya que el sobreseimiento fue provisional.
Ahora con el caso Koldo, esas imágenes inéditas pueden cobrar un valor inestimable. Para el PP, lo tienen. Y así lo ha hecho saber este martes el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
“Todavía no sabemos qué había en las maletas que trajo Delcy ni qué se hizo para pagar la deuda que tenía el gobierno venezolano con Air Europa. Todo está entrelazado”, declaró
Versiones de prensa de esos días coinciden en que se llenaron dos carros con maletas -algunos dan la cifra de 40- que no pasaron por ningún control de seguridad. En todo momento, Koldo estuvo acompañado a los venezolanos. “No se sabe dónde fueron ni qué contenían”.
El caso Koldo debe su llamativo nombre a Koldo García Aguirre, mano derecha de Ábalos durante todo este tiempo y que al estallar la pandemia de Covid se desempeñó con bastante éxito como mediador de empresas extranjeras -algunas chinas- fabricantes de mascarillas, muchas de mala calidad. Las cifras de ventas son millonarias. Y las de las comisiones también.
Las oscuras relaciones y los negocios fraudulentos de este estrecho asesor durante la pandemia provocaron la caída en desgracia de Ábalos y un auténtico terremoto en el gobierno de Sánchez. Las salpicaduras alcanzan a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, quien como presidenta de la Comunidad de Baleares autorizó la compra -vía Koldo- de millones de euros en mascarillas que nunca fueron utilizadas por inservibles.
Feijóo ha dicho que a medida que avance el sumario plantearán abrir el caso de las maletas venezolanas en el aeropuerto de Barajas. “Es evidente la vinculación del caso Koldo con Delcy. Se debe reabrir el caso de las maletas venezolanas. Es evidente que hay una relación directa entre la compra de las mascarillas, la forma y las condiciones del rescate de la aerolínea Air Europa y las maletas venezolanas que todavía no sabemos qué contenían”, dijo.
Fuente: La Gran Aldea.
Por Web Master | Mar 1, 2024 | Venezuela
La Corte Penal Internacional seguirá investigando presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, luego de que una de sus salas desestimara una apelación del gobierno de Nicolás Maduro a que ese tribunal internacional indague acusaciones de asesinatos, desapariciones, ejecuciones y más.
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) desestimó, por unanimidad, la apelación del Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó continuar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La investigación abarca, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones antigubernamentales desde abril de 2017.
“La decisión de la Sala de Apelaciones es adoptada por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada”, dijo el juez Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, al leer la sentencia.
La sentencia fue dictada el viernes en una audiencia pública celebrada en La Haya, en presencia de la Fiscalía de la CPI, representantes del Estado venezolano y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV por sus siglas en inglés).
El gobierno del presidente Nicolás Maduro apeló, el año pasado, la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, argumentando que el Estado “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma.También lea Nicaragua y Venezuela encabezan lista negra de Freedom House sobre libertades en 2023
Entre los argumentos expuestos por el Estado venezolano para apelar, figura que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI incurrió en “errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales” del Estatuto de Roma, entre ellos la supuesta desestimación de pruebas que demostrarían la “productiva” labor del sistema de justicia de Venezuela.
Durante una de las audiencias de apelación, la fiscalía de la CPI cuestionó que Venezuela haya demostrado “impacto” en las investigaciones mientras que el canciller venezolano volvió a negar que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en el país.
Durante este tiempo la fiscalía de la CPI ha mantenido sus facultades investigativas debido a que la Sala de Apelaciones negó que hubiera efectos suspensivos sobre las facultades, como pidió el Estado venezolano.
En 2023, durante su tercera visita a Venezuela, el fiscal Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país.
En 2021, la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
Venezuela rechaza la decisión
El gobierno de Venezuela manifestó su “desacuerdo” con la sentencia de la sala de la CPI y la calificó como una decisión “infundada”.
“El proceso incoado ante la Corte Penal Internacional responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”, precisa un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores el viernes.
De acuerdo al gobierno venezolano, se trata de una “maniobra” construida a partir de un “reducido” conjunto de “delitos” que, asegura, han sido o están siendo “debidamente investigados y sancionados” por las autoridades del país.
Además, sostiene que, como Estado soberano, tiene derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas y, aunque agradece la asistencia técnica de la fiscalía de la CPI, dice que “no es necesario ni apropiado” que “lleve a cabo investigaciones separadas o adicionales”.
Fuente: VOA
