La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció el desmantelamiento de las libertades cívicas por parte del gobierno ruso y el ataque constante a los derechos fundamentales.
HRW describe una escalada dramática a lo largo de más de una década, según su más reciente informe.
La situación se agrava, prosigue el documento, tras la invasión de Vladmir Putin a Ucrania en febrero de 2022.
Vladimir Putin aplasta las libertades cívicas en Rusia
El informe de 205 páginas, se ha titulado “Russia’s Legislative Minefield: Tripwires for Civil Society since 2020”
Los anterior traduce: “El campo minado legislativo de Rusia: Trampas para la sociedad civil desde 2020”.
Su centro es la oleada de leyes y políticas represivas que el gobierno ruso del presidente Vladimir Putin ha adoptado desde 2020.
En el documento se explica cómo el Kremlin las ha utilizado para reprimir la disidencia interna e incapacitar a la sociedad civil.
«Estas leyes restringen gravemente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, e imponen narrativas históricas, sociales y políticas dictadas por el Estado en la vida pública», relata HRW.
El caso de los activistas liberados durante agosto 2024
El 1 de agosto fueron liberardoss activistas rusos liberados en el marco del canje de presos .
Todos fueron acusados en virtud de las leyes descritas en el informe.
Sin embargo, cientos más siguen encarcelados o encarceladas en virtud de estas leyes.
La discusión crítica sobre una amplia gama de temas no puede llevarse a cabo abiertamente.
Además, muchos disidentes, periodistas y activistas se han exiliado.
Human Rights Watch examinó esta legislación represiva en ocho áreas principales:
- “Agentes extranjeros”,
- Reunión pública,
- Derechos electorales,
- Lbertad de expresión,
- Orientación sexual e identidad de género,
- Traición y conceptos similares,
- Verdad histórica y educación.
Acusar de extranjeros para reprimir las libertades cívicas
La ley emblemática de la represión legislativa del gobierno es la de “agentes extranjeros”.
De esta manera se acusa de forma discrecional como extranjera a cualquier persona.
De esta forma se hace sospechosa o incluso traidora cualquier persona o entidad que se muestre independientemente crítica con el gobierno.